Autores: Pablo Zeballos · Douglas Farah · Sascha
Hannig Núñez · Pablo Matamoros
Editor: Aldo Rojas · Coordinadora:
Patricia Armingol
Edición: Konrad Adenauer Stiftung — primera edición,
mayo de 2026 · ISBN: 978-956-7684-48-9
Centro de Análisis para la Democracia (CADLatam)
Olaf Jacob y Patricia Armingol
Desde inicios de la década de los sesenta, la presencia de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina ha tenido como principal propósito fomentar el diálogo, la cooperación y aportar a la consolidación de la democracia. Ha sido un recorrido desafiante, marcado por periodos de reformas, quiebres y recuperación de la democracia. Las ideas y los partidos políticos fueron los principales actores del debate, con escenarios marcados por retos como superar la pobreza, mejorar la educación y la salud, lograr cohesión social y consolidar la institucionalidad democrática. El contexto de hoy es diferente. Somos testigos de un cambio de época que avanza con una rapidez por momentos difícil de comprender, que remece pilares fundamentales del mundo que conocíamos hasta ahora y que amenaza la democracia. En esta publicación, los autores se centran en tres desafíos: crimen organizado, desinformación y los riesgos de la dependencia tecnológica. Cada uno de ellos es un mundo que tensiona desde dentro y fuera de los Estados, y que tiene el potencial de permear las distintas capas de la sociedad, afectarlas y debilitaras en su conjunto. Son retos que se suman a los «tradicionales», que complejizan los caminos de solución y frente a los cuales vemos respuestas populistas y que coartan derechos. Las democracias debilitadas quedan expuestas a regímenes iliberales que amenazan los ideales de la democracia liberal. Paradójicamente, este nuevo escenario nos obliga, en parte, a volver atrás, a encontrar respuestas en lo fundamental: los principios. La democracia, la justicia, la solidaridad, la libertad y la paz son propósitos que se mantienen. El nuevo orden de las cosas nos puede obligar a pensar en nuevas maneras de convocar, de formar, de construir para que la política dé respuestas, para que en democracia se resuelvan los problemas y se cumplan las expectativas de los ciudadanos. No insta también a fomentar discusiones informadas, a incentivar la creación de políticas públicas basadas en evidencia, a conocer los fenómenos con profundidad y a entender que las soluciones requieren miradas sistémicas y un sólido trasfondo ético. El trabajo con el Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam) ha tenido esta impronta. En conjunto, hemos realizado encuentros en Santiago y regiones con comunidades académicas, representantes del mundo político, público, privado y de la sociedad civil para intercambiar visiones sobre estos fenómenos, especialmente el de crimen organizado. Es oportuno agradecer a su equipo los valiosos aportes a estas discusiones, que ahora podemos compartir con un público más amplio a través de esta publicación, la que contribuye a enriquecer un debate necesario para nuestra sociedad.
Aldo Rojas Silva — Director del Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam)
América Latina vive hoy una paradoja inquietante. Han pasado más de tres décadas desde aquellas olas democratizadoras que barrieron con los regímenes autoritarios del continente y, sin embargo, las libertades y derechos que costaron tanto conseguir enfrentan ahora un asedio de características inéditas. No hablamos ya del fantasma del golpe militar tradicional, ese peligro que marcó a fuego la memoria colectiva de nuestras sociedades. El cerco que rodea hoy a la democracia es más difuso, más complejo, más difícil de nombrar. Opera desde las sombras del poder criminal, desde las arquitecturas invisibles del mundo digital, desde las ambigüedades de la innovación tecnológica. La democracia liberal en la región no está muriendo con un estruendo que despierte a todos; se erosiona en silencio, carcomida por fuerzas que desafían la capacidad del Estado para cumplir con sus dos promesas fundamentales: garantizar la seguridad de sus ciudadanos y proteger su libertad. Esta edición de la serie Perspectivas, publicada por la Fundación Konrad Adenauer, aborda precisamente esta encrucijada desde una mirada integral, reconociendo que las amenazas que enfrentamos no son fenómenos aislados, sino que conforman un ecosistema de fragilidades que se alimentan mutuamente. Los artículos aquí reunidos exploran tres frentes de batalla que, estamos convencidos, definirán el futuro de la gobernanza democrática en el continente. El primero es la consolidación del crimen organizado como un poder fáctico que disputa al Estado el monopolio de la violencia y la legitimidad territorial. El segundo es el dilema que plantea la importación de la tecnología como una herramienta de doble filo: necesaria para el desarrollo y la seguridad, pero potencialmente peligrosa para las libertades civiles. El tercero es la degradación del debate público a través de la desinformación y la manipulación algorítmica, que socava las bases mismas de una ciudadanía informada.
La sombra del Estado paralelo: Gobernanza criminal y flujos letales El desafío más visible y violento para la estabilidad democrática proviene del crimen organizado transnacional. Pablo Zeballos, en su artículo «El exoesqueleto criminal: Una nueva ola de violencia que desafía la democracia», argumenta que hemos subestimado crónicamente la naturaleza de esta amenaza. Durante demasiado tiempo la hemos reducido a un mero problema de seguridad pública, pero en realidad representa un reto existencial para el Estado de derecho. Zeballos propone abandonar las definiciones rígidas y comprender el crimen organizado como un «virus» oportunista: un ente adaptativo que prospera en organismos institucionales débiles, en sociedades fracturadas, en economías permeables. Su objetivo final no es solo el lucro, aunque el dinero sea el combustible de su maquinaria. Lo que buscan estas organizaciones es la captura del Estado mismo y la suplantación de sus funciones, estableciendo formas paralelas de gobernanza que administran justicia, imponen tributos y redefinen las reglas de convivencia en vastos territorios. Ahora bien, este virus no podría alcanzar tal nivel de virulencia sin un flujo constante de herramientas que potencien su capacidad destructiva. Aquí es donde el análisis de Douglas Farah, en «Flujos letales: Armas, dinero y crimen del norte al sur», resulta tan esclarecedor como alarmante. Farah demuestra que una de las constantes estratégicas que ha empoderado a los cárteles y megabandas es el incesante torrente de armas de alto calibre que fluye desde Estados Unidos hacia el sur. Gracias a una regulación laxa que permite la compra masiva y legal de armamento de guerra, los grupos criminales latinoamericanos han logrado una capacidad de fuego que a menudo supera a la de las propias fuerzas estatales. Estas armas no son un subproducto del narcotráfico o una consecuencia accidental de las economías ilícitas; son la herramienta fundamental que le permite al crimen organizado ejercer control territorial, intimidar a la sociedad civil y corromper instituciones. Leídos en conjunto, los trabajos de Zeballos y Farah pintan un cuadro desolador: mientras el Estado latinoamericano lucha por mantener su soberanía, un poder paralelo, financiado por economías ilícitas y equipado con un arsenal de última generación, le disputa cada palmo de terreno. La batalla ya no es solo por la seguridad; es por la supervivencia misma del contrato social democrático.
El dilema tecnológico: ¿Seguridad a cambio de libertad? El segundo desafío surge de una necesidad imperiosa: modernizarse para no quedar rezagado. América Latina es, como expone Sascha Hannig Núñez en «Importación de tecnología en América Latina: ¿Una cuestión de necesidad, seguridad, democracia o libertad?», una región históricamente importadora de tecnología. Hoy, la innovación es clave para mejorar la eficiencia del Estado, impulsar el desarrollo económico y, crucialmente, combatir el crimen organizado. Sin embargo, esta dependencia tecnológica encierra un profundo dilema que no podemos ignorar. La creciente inseguridad, analizada en la primera sección de este libro, genera una legítima demanda ciudadana por orden y protección. En respuesta, muchos gobiernos de la región recurren a la importación de tecnologías de vigilancia y control: sistemas de reconocimiento facial, inteligencia artificial para la predicción del delito, ciudades inteligentes, bases de datos biométricas masivas, etcétera. El problema, advierte Hannig Núñez, es que muchas de estas herramientas provienen de regímenes autoritarios, como China o Rusia, que exportan no solo productos, sino también un modelo de gobernanza que subordina sistemáticamente las libertades individuales a la seguridad estatal. Se crea así una disyuntiva peligrosa: para combatir una amenaza a la democracia (el crimen), se adoptan herramientas que pueden generar otra amenaza igualmente grave (el control social y la erosión de la privacidad).
Este dilema se agudiza por una narrativa que impulsan las potencias autoritarias con creciente éxito: la idea de que las democracias son inherentemente débiles e ineficaces para garantizar la seguridad. El desafío para los Estados de la región es, por tanto, doble: deben integrar la tecnología para ser efectivos, pero sin traicionar sus principios democráticos fundamentales. El reto, concluye Sascha Hannig Núñez, no es renunciar a la seguridad o a la libertad, sino demostrar que las democracias pueden y deben ofrecer ambas.
La erosión del debate público: La democracia en la era del algoritmo El tercer frente de asedio es menos visible, pero igualmente corrosivo. Se libra en el espacio público, ese terreno donde tradicionalmente se construyen los consensos y se delibera el futuro colectivo. En el artículo «El nuevo orden informativo y la fragilidad democrática: Propaganda, desinformación e inteligencia artificial», Pablo Matamoros aborda cómo la revolución digital ha reconfigurado esta esfera hasta volverla irreconocible. La arquitectura de las redes sociales y las plataformas digitales, regida por algoritmos diseñados para capturar la atención y no para fomentar el conocimiento, ha creado un ecosistema comunicacional profundamente tóxico. En este nuevo orden, la emoción desplaza al argumento, la reacción instantánea al análisis ponderado y la viralidad a la veracidad. El ideal de una ciudadanía informada, ese pilar fundamental de la teoría democrática, se desvanece en un entorno de sobrecarga informativa, cámaras de eco y desinformación cada vez más sofisticada. Como señala Matamoros, este escenario es el caldo de cultivo perfecto para actores iliberales, tanto internos como externos, que han comprendido algo crucial: el control del discurso es tan decisivo como el del territorio. Mediante la propaganda digital, las operaciones de influencia y el uso estratégico de la inteligencia artificial, estos actores buscan exacerbar la polarización, erosionar la confianza en las instituciones (la prensa, la justicia, los procesos electorales) y, en última instancia, hacer imposible el diálogo democrático. Si los ciudadanos no pueden ponerse de acuerdo sobre hechos básicos, la deliberación se vuelve fútil y la democracia La democracia liberal en la región no está muriendo con un estruendo que despierte a todos; se erosiona en silencio, carcomida por fuerzas que desafían la capacidad del Estado. pierde su sustancia, convirtiéndose en un mero campo de batalla de narrativas irreconciliables.
Un diagnóstico urgente Los artículos que, como Centro de Análisis para la Democracia, presentamos en este libro ofrecen más que análisis sectoriales de problemas específicos. En conjunto, componen un diagnóstico urgente sobre la salud de la democracia en América Latina y evidencian que el Estado se encuentra bajo un ataque simultáneo y coordinado en tres dimensiones estratégicas: su soberanía territorial, asediada por actores criminales con poder paraestatal; su esfera pública, fracturada por la desinformación y la polarización digital; y su capacidad regulatoria, desafiada por la importación de tecnologías que traen consigo dilemas éticos y geopolíticos de primera magnitud. Afrontar esta crisis multidimensional requiere de una nueva lucidez. Implica comprender que la lucha contra el crimen no puede ganarse sin controlar los flujos de armas que lo nutren y exige reconocer que la defensa de la democracia pasa necesariamente por la construcción de un ecosistema informativo más saludable y por la formación de una ciudadanía con capacidad de juicio crítico. Finalmente, también demanda una política tecnológica soberana, que abrace la innovación sin sacrificar las libertades fundamentales que nos definen como sociedades democráticas. Los autores de este volumen no ofrecen respuestas sencillas ni recetas mágicas, pero su trabajo constituye un llamado ineludible a la reflexión y a la acción antes de que el lento asedio que hoy sufre la democracia en la región se convierta en una derrota irreversible.
Pablo Zeballos
Especialista en inteligencia y crimen organizado. Director e investigador del Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam). Director de proyectos para el Cono Sur, IBI Consultants La arrogancia del crimen organizado es del mismo tamaño que la ausencia del Estado. —Giovanni Falcone, asesinado por la mafia En los últimos años, en gran parte de Latinoamérica se han manifestado profundas transformaciones en las dinámicas y expresiones criminales, convirtiéndose en un fenómeno cuyos efectos se evidencian tanto en la delincuencia común como en la criminalidad organizada transnacional. Esta situación ha sido descrita por expertos como un proceso histórico que trasciende fronteras y jurisdicciones (Farah, 2024), con una complejidad histórica: la latente amenaza para la democracia y el Estado de derecho, especialmente en aquellos países que durante años desconocieron o subestimaron el potencial destructivo de estas dinámicas. Aunque el impacto del fenómeno varía entre países, e incluso entre zonas y regiones dentro de ellos, existen componentes comunes que han favorecido su escalamiento sistemático, como los patrones persistentes de violencia irracional, corrupción y control territorial; control que no se limita a comunidades vulnerables, sino que se extiende también a espacios estratégicos, instalaciones estatales y cadenas de suministro. Tales factores han impulsado una reconfiguración en la morfología y operatividad de las organizaciones criminales y sus redes, lo que ha generado una tendencia a replicar en diversos contextos sociales aquellos modelos que consideran «exitosos». Este proceso ha derivado en la consolidación de una atmósfera criminal interconectada y en constante expansión. Una de las principales barreras para comprender este fenómeno es, paradójicamente, la dificultad de definirlo con precisión, pese a numerosos intentos académicos, jurídicos y políticos por encapsularlo en una fórmula conceptual, que han respondido sobre todo a fines punitivos, es decir, para tipificar conductas y castigarlas penalmente. Sin embargo, el crimen organizado permanece como una categoría inestable y escurridiza, resistente a clasificaciones rígidas. Su estudio requiere ir más allá, analizar y comprender sus estructuras flexibles, las redes económicas ilícitas, la gobernanza criminal, los rituales simbólicos, la infiltración institucional y la capacidad de resiliencia de las organizaciones y mercados ilegales. Insistir en una definición única puede resultar contraproducente en el contexto histórico que atraviesa hoy Latinoamérica, especialmente en aquellos países donde el fenómeno irrumpe de manera abrupta, excepcional e inédita. Más que forzarlo dentro de marcos normativos o sociológicos preestablecidos, deberíamos observarlo con mayor libertad como un proceso vivo que muta, se adapta y se expande, comprender sus múltiples capas, su capacidad para generar economías paralelas, sus dinámicas de resiliencia, su dimensión simbólica y espiritual, su impacto en la política, la cultura, la seguridad y, en definitiva, en la subjetividad de quienes viven bajo sus lógicas y gobernanza. Bertrand Russell1 advertía con lucidez que la mayor parte de las cosas que damos por ciertas no lo son por su verdad, sino por la costumbre 1 Bertrand Arthur William Russell, nació el 18 de mayo de 1872 en Trelleck, Monmouthshire, Gales, y falleció el 2 de febrero de 1970 en Penrhyndeudraeth, Merioneth. Fue un filósofo, lógico y reformador social británico, figura fundadora del movimiento analítico en la filosofía angloamericana y ganador del Premio Nobel de Literatura en 1950. Las contribuciones de Russell a la lógica, la epistemología y la filosofía de las matemáticas lo consagraron como uno de los filósofos más destacados del siglo XX.
de no cuestionarlas.2 Esta reflexión resuena hoy con fuerza al estudiar el crimen organizado. No basta repetir categorías heredadas, es necesario desmontarlas, cuestionar lo que creemos saber, abrir espacio a nuevas preguntas y asumir que comprender este fenómeno exige una mirada transdisciplinaria, crítica y profundamente humana. Hoy resulta indispensable entender la potencialidad que tiene el crimen organizado para suplantar al Estado en determinados territorios, al configurarse como un poder paralelo que redefine las reglas de convivencia y, en algunos casos, las reglas democráticas. No basta con identificar estructuras jerárquicas o delitos conexos. El crimen organizado es también una forma de gobernanza, una economía de la violencia, un relato de poder e, incluso, una cultura en expansión. Por ello, enfrentarlo sin conocimiento profundo y únicamente con narrativas superficiales equivale a perder la batalla antes de iniciarla. Por eso, proponemos un cambio de enfoque: más que encasillar al crimen organizado en definiciones prediseñadas, deberíamos observarlo, interrogarlo y comprender sus continuas transformaciones. Tomando la idea de la autopoiesis, planteada por el profesor chileno Humberto Maturana,3 el crimen organizado podría concebirse como un fenómeno vivo, cuyas estructuras son capaces de crecer, reproducirse, responder a estímulos, adaptarse a cambios en el entorno y desplegar un alto grado de organización para interactuar de manera simbiótica o parasitaria con otros organismos, beneficiándose de ellos para aumentar su capacidad de supervivencia y afectando irremediablemente a su huésped. Este análisis puede resultar particularmente complejo de presentar cuando el discurso predominante de algunas autoridades o políticos en la región sostiene que, aunque el crimen organizado transfronterizo sea reconocido como una amenaza global, no constituye un problema 2 Esta es la adaptación en español de la idea y principio presentado inicialmente por Russel en su obra The conquest of happiness (1930), en la que señala: «En todos los asuntos es saludable, de vez en cuando, poner un signo de interrogación en las cosas que hemos dado por sentadas durante mucho tiempo» (traducción propia). 3 Humberto Augusto Gastón Maturana Romesin (Santiago, 1928-2021). Biólogo, filósofo y escritor chileno, Premio Nacional de Ciencias en 1994. Desarrolló el concepto de la autopoiesis, que da cuenta de la organización (interna) de los sistemas vivos como redes cerradas de autoproducción de los componentes que los constituyen.
significativo para la democracia. Minimizar el fenómeno impacta dramáticamente en la cohesión del tejido social y alimenta la percepción de que se trata de un fenómeno ajeno, propio de otras realidades y territorios, que confía en exceso en la capacidad institucional para identificarlo y confrontarlo. Sin embargo, esa confianza es más aspiracional que fundada en la evidencia (Zeballos, 2025b). Un ejercicio recomendado, siguiendo la analogía del virus, sería que comenzáramos a operacionalizar el estudio del crimen organizado. En ese sentido, podríamos considerar al menos cuatro dimensiones esenciales: En el libro Un virus entre sombras (Zeballos, 2024a), se caracterizó el crimen organizado como un virus nocivo que se reproduce con mayor fuerza en organismos débiles. Las democracias o sociedades fracturadas, permeables y divididas son los huéspedes en los que el virus prospera en las sombras de una institucionalidad resquebrajada, con el objetivo final de capturar o suplantar al Estado. ¿En qué tipo de huésped se están convirtiendo nuestros países? ¿Uno que activa a tiempo su sistema inmunológico o uno incapaz de generar anticuerpos? Continuando con la analogía biológica, cuando el sistema inmune se activa frente a una infección, el virus despliega estrategias para contrarrestar esa defensa. En ciertos casos, el virus puede desatar un ataque devastador con la intención de sobrecoger y neutralizar cualquier resistencia, no solo porque posee la capacidad de hacerlo, sino también porque el huésped no detectó a tiempo esa amenaza. Un ejemplo de ello lo encontramos en el caso de la actual crisis en Ecuador, generada, entre otros factores, por condiciones de gobernanza criminal dentro de los recintos penitenciarios, en los que la reacción tardía permitió que las estructuras criminales se consolidaran mientras las instituciones aún intentaban organizar su respuesta. Eso es precisamente lo que hace el crimen organizado, con una capacidad sorprendente en la actualidad:
El crimen organizado es también una forma de gobernanza, una economía de la violencia, un relato de poder e, incluso, una cultura en expansión.
regenerarse y perpetuarse en algunas zonas, asemejándose a la Hidra de Lerna, la criatura mitológica capaz de regenerar dos cabezas por cada una que se le cortaba. El riesgo de que el virus subyugue por completo al huésped es una posibilidad real. En la reconfiguración actual del crimen organizado, esta lógica encuentra un correlato directo en la relación entre corrupción estatal, sombra social y dominio criminal. Eso es algo que ya observamos en varias zonas y países de nuestra región, pese a que el crimen organizado en Latinoamérica no opera como un virus único. Si bien existen interconexiones evidentes y documentadas, las estructuras que emergen o se consolidan en la región no actúan de manera coordinada. Sin embargo, persiguen los mismos objetivos y, en consecuencia, producen efectos similares. El ataque a la sociedad y al Estado se despliega, entonces, desde distintos frentes, con métodos y formas de operación diversas. En síntesis, más allá de las definiciones políticas, institucionales o jurídicas, el crimen organizado de hoy puede entenderse como un fenómeno complejo en el que se entrelazan relaciones voluntarias y forzadas, algunas visibles y otras profundamente ocultas. Su objetivo esencial será siempre el mismo: obtener o incrementar ganancias económicas a través de actividades ilícitas e inyectarlas en flujos legalizados. Para perpetuarse, el crimen organizado requiere de una capacidad logística robusta, que incluye armamento de alto poder, personal entrenado y la posibilidad de ejecutar acciones violentas tanto internas como externas al grupo. Necesita, además, ejercer control territorial, impuesto de manera ilícita y sostenido mediante la corrupción y la cooptación de voluntades. En conjunto, su funcionamiento constituye una amenaza real y de alto impacto, con potencial desestabilizador de las sociedades democráticas y del Estado de derecho, lo que afecta no solo la institucionalidad, sino la vida cotidiana y la seguridad de las personas (Zeballos, 2024a: 103).
Organizaciones criminales El virus que representan las organizaciones criminales adopta configuraciones notablemente distintas, con códigos propios que pueden imponerse tanto a sus miembros como a las comunidades bajo su dominio. Estas normas internas, junto con sus modos de operación, suelen llevar a la competencia entre grupos por el control territorial, la influencia social o el acceso a rutas e instalaciones estratégicas. No obstante, pese a esta diversidad, existen patrones de comportamiento que se repiten. Identificar estas características compartidas es fundamental para dimensionar con mejor precisión la verdadera magnitud de la vulnerabilidad de nuestros países. Durante el trabajo de campo que hemos desarrollado en investigaciones exploratorias, hemos detectado los componentes comunes de mayor impacto, que se describen a continuación.
Una marca criminal y una semiótica particular El crimen organizado no solo se expresa en sus delitos y estructuras, también lo hace en una marca que es normalmente el nombre de la organización, una narrativa visual y simbólica que proyecta poder, identidad y pertenencia. Como se ha señalado (Zeballos, 2024b), la marca criminal es un código semiótico que se construye a través de signos visibles —tatuajes, grafitis, colores, iconografía religiosa o estética militar— y signos invisibles, como el lenguaje gestual, la jerga o los rituales de iniciación. Estos elementos no son solo adornos; por el contrario, operan como herramientas de cohesión interna, intimidación externa y legitimación social. Ejemplos claros se observan en el grafiti de pandillas que marca territorios, en los pañuelos de colores que identifican facciones o en la circulación de merchandising criminal —como el «kit de Ovidio» tras el Culiacanazo— (Infobae, 2019) que convierte a un líder en un símbolo de culto. Así, la semiótica criminal se convierte en un instrumento de gobernanza, en un lenguaje que, sin mediar palabra, transmite poder, jerarquía, control y amenaza.
La corrupción es el plasma donde se reproduce el virus, el lubricante del engranaje criminal. Sin ella, las organizaciones tendrían una capacidad mucho más limitada para penetrar en la economía formal y en las instituciones públicas. El crimen organizado no se conforma con comprar voluntades para evitar operativos o facilitar el contrabando, su verdadera ambición es moldear las reglas del juego. De ahí el creciente interés en influir en elecciones, ya sea financiando campañas, colocando candidatos afines o desestabilizando los procesos democráticos para asegurar un entorno permisivo. En varias regiones de América Latina se han documentado casos en los que redes criminales financian campañas locales a cambio del control de aduanas, licencias municipales o contratos de obras públicas. El objetivo es claro: obtener poder político que garantice impunidad y facilite la expansión de sus economías ilícitas. Esta dimensión convierte la corrupción electoral en una amenaza directa a la soberanía y a la gobernabilidad. Actualmente, el camino más rentable para las organizaciones criminales consolidadas no es solo infiltrar el Estado, sino modificar las políticas públicas de un país, con el objeto de legalizar o, al menos, mantener en un área gris los procedimientos que les permitan transformar las ganancias ilícitas en capitales insertados en la economía formal.
Reclutamiento temprano de niños, niñas y adolescentes La expansión de la criminalidad organizada transnacional requiere contar con una mano de obra permanente, barata y extremadamente leal que garantice su continuidad. Para ello, es clave promover dinámicas de ingreso temprano a la identidad criminal. Lo que antes se entendía como reclutamiento de niños, niñas y adolescentes ha derivado en fenómenos peligrosamente imitativos; ya no son siempre las estructuras criminales las que buscan captar a los menores, sino que son ellos quienes se acercan con ese propósito. Y lo hacen no solo por motivaciones económicas, sino también impulsados por una compleja combinación de marginalidad, necesidad de pertenencia e incluso búsqueda de seguridad. Un estudio del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (2025) mostró cómo la fragmentación y expansión de las organizaciones criminales ha favorecido la incorporación de niños, niñas y adolescentes desde edades cada vez más tempranas. Según el informe, entre las estrategias implementadas por estas bandas destaca la promoción de vínculos con niños y niñas desde los diez años, no siempre a través de medios coercitivos, sino mediante un adoctrinamiento basado en el sentido de pertenencia. Los datos son alarmantes en ese país: los homicidios de jóvenes, niños, niñas y adolescentes aumentaron en un 640,38 % entre 2019 y 2022, y el 87 % de estos crímenes se perpetró con armas de fuego. En Chile, un estudio de la Fundación Pacto Social evidenció una crisis multidimensional que afecta a la juventud, marcada por el debilitamiento del rol de las familias, la violencia escolar y la creciente influencia del narcotráfico como espacio de validación y pertenencia (Barriga, 2025). Asimismo, señaló una desconexión con el territorio y con lo público, reflejada en el deterioro del entorno, la pérdida de sentido comunitario y la falta de oportunidades significativas de participación. La salud mental aparece como un eje transversal de esta crisis, marcada por la inseguridad, la precariedad afectiva, la desconfianza institucional y la ausencia de espacios de contención reales. En este contexto, las redes sociales emergen como refugio, pero intensifican el aislamiento, la presión social y la exposición a discursos hostiles, reemplazando vínculos reales por conexiones superficiales.
El consumo de drogas se instala como una vía de escape frente a la desesperanza, mientras que la ecoansiedad refleja la angustia generacional ante un futuro climático incierto y amenazante. Estas problemáticas no son solo individuales: evidencian un tejido social profundamente erosionado, donde el narcotráfico aparece como respuesta concreta —aunque destructiva— a la ausencia de protección estatal, comunitaria y familiar. Sin embargo, más allá de la atracción juvenil hacia la narcocultura, lo más significativo es que fueron los propios niños, niñas y adolescentes quienes señalaron al equipo técnico cuáles son las condiciones necesarias para revertir esa atracción y evitar su incorporación al mundo delictivo.
Control de territorios y fronteras Controlar un territorio significa mucho más que dominar un mapa: implica regular la vida, el comercio y la movilidad de quienes lo habitan. Las organizaciones criminales ejercen una soberanía de facto en barrios, rutas y zonas fronterizas, estableciendo toques de queda, cobrando «impuestos» y determinando qué mercancías o personas pueden circular. En muchos lugares, son los propios líderes de esas estructuras quienes autorizan el ingreso de investigadores o periodistas para realizar trabajo de campo. En las fronteras, el control adquiere una dimensión estratégica. Allí confluyen las rutas del contrabando, la droga, las armas y la migración irregular. Un ejemplo claro es la frontera entre Ecuador y Colombia, donde grupos como el Frente Oliver Sinisterra operan libremente entre Mataje y Tumaco, disputan corredores con otras facciones armadas y utilizan comunidades enteras como parte de su logística criminal. Otro caso reciente es el de Los Comandos de la Frontera, que hoy mantienen un dominio trinacional en la región del Putumayo, con un control consolidado que trasciende límites nacionales, como lo demuestra un extraordinario trabajo de investigación realizado por la ONG Amazon Watch (Amazon Underworld y Amazon Watch, 2025).
Control de cárceles y gobernanza criminal penitenciaria Lejos de ser un freno para el crimen organizado, las cárceles pueden convertirse en verdaderos centros de comando y control. El antiguo Las democracias o sociedades fracturadas, permeables y divididas son los huéspedes en los que el virus prospera en las sombras de una institucionalidad resquebrajada, con el objetivo final de capturar o suplantar al Estado. concepto de la «universidad del delito» resulta insuficiente: hoy estos espacios funcionan más bien como hubs de empresas criminales, dirigidos por líderes que operan como auténticos gerentes generales. En varios países, jefes encarcelados han consolidado desde prisión su poder, gestionando operaciones, cobrando extorsiones y manteniendo disciplina interna. Este fenómeno, conocido como gobernanza criminal penitenciaria, se sostiene en dos pilares: el control de economías internas —venta de drogas, cobro por protección y privilegios carcelarios— y la capacidad de ejercer violencia tanto dentro como fuera del penal. Casos como Los Choneros en Ecuador, el Primeiro Comando da Capital en Brasil o el Tren de Aragua en Venezuela muestran que la prisión puede reforzar la cohesión del grupo y convertirse en un espacio de reclutamiento y entrenamiento, que potencia la resiliencia de las estructuras criminales. En estos contextos, el Estado comparte —o directamente pierde— el monopolio de la autoridad frente a organizaciones más eficientes en imponer orden que la propia administración penitenciaria. La gobernanza criminal penitenciaria ha permitido, en los últimos treinta años, el surgimiento de megaestructuras criminales con vocación y capacidad transnacional. Una cárcel controlada de forma monopólica por una organización puede transformar lo que debería ser un centro de castigo, reclusión y control estatal en un motor de la economía criminal diversificada, muchas veces más rentable que las operaciones en el exterior. Estas economías incluyen extorsión, venta de drogas, servicios de protección, provisión de tecnología y alimentos, lavado de activos, estafas y extorsiones telefónicas, así como la instalación de verdaderos centros de mando para operaciones de narcotráfico y otras actividades ilícitas.
Identidad devocional y ritualismo del crimen organizado pilar identitario. El crimen organizado adopta y adapta símbolos, cultos y ritos para reforzar la cohesión interna, justificar la violencia y generar una protección simbólica frente al peligro. Desde la Santa Muerte o Jesús Malverde en Sinaloa, pasando por el espiritismo marialioncero de la Corte Malandra en Venezuela, estas expresiones devocionales configuran un marco espiritual que integra lo criminal en una narrativa trascendente. Los rituales incluyen bendiciones de armas, juramentos ante imágenes sagradas o ceremonias de iniciación que combinan religión popular con códigos mafiosos. Este sincretismo no solo proporciona un sentido de pertenencia, también funciona como un contrato moral, ya que quien traiciona al grupo no rompe únicamente una regla, sino un pacto con lo sagrado. De este modo, se multiplica el poder coercitivo de la organización y se refuerza su capacidad de control interno (Zeballos, 2025a).
Códigos de conducta y su aplicación Los códigos de conducta y los sistemas normativos representan la columna vertebral organizacional del crimen transnacional. Son mecanismos de autorregulación que establecen jerarquías, definen comportamientos aceptables, implementan sistemas de justicia interna y garantizan la cohesión grupal. Este es un factor en el que aún se debe profundizar si queremos comprender las nuevas dinámicas de criminalidad organizada transnacional. En investigaciones propias y en el trabajo de diversos académicos se han identificado categorías principales que permiten caracterizar y diferenciar las estructuras criminales según su especialización normativa, lo que incluye códigos de honor tradicionales, sistemas normativos formalizados, códigos de disciplina militar, normas de regulación carcelaria y normas de jerarquía familiar, entre otras. Sin embargo, más allá de clasificar estas tipologías, una de las líneas de investigación más relevantes surge de una pregunta fundamental: ¿a quién son aplicables estos códigos normativos? La respuesta permite dimensionar el verdadero poder y alcance de una organización criminal. No es lo mismo que un código rija solo sobre los miembros directos de la estructura a que se extienda también a las comunidades bajo su control. Esa capacidad de imponer normas por fuera de la propia estructura revela el grado de especialización, control social y poder coercitivo que estas organizaciones han alcanzado. En resumen, las estructuras del crimen organizado pueden ser caracterizadas por su amplia diversidad y singularidad en métodos de disciplina interna, imposición y expansión. Estas organizaciones buscan perpetuarse en el tiempo y los territorios a través de una mezcla de tácticas violentas, controlando rutas e instalaciones estratégicas, incluidas las penitenciarias, y asegurando el dominio sobre ciertos territorios. Su enfoque en la diversificación de funciones les permite mantener influencia en uno o más mercados criminales y se mantienen en constante vigilancia, preparadas para confrontar tanto a otras entidades criminales como a las instituciones estatales. Cada organización criminal tiene su propia jerarquía con liderazgos, estructuras y normas distintivas, las cuales se adaptan según las necesidades y, sobre todo, las condiciones que demanda su supervivencia. A menudo operan bajo códigos de conducta y sistemas de castigo rigurosos, aplicables tanto a sus propios miembros como a cualquier individuo que interactúe o interfiera en sus operaciones o en la consecución de sus objetivos de ganancias ilícitas (Zeballos, 2024a: 103).
Ejemplos de este modelo se observan en grupos albaneses que buscan controlar puertos en el Pacífico sur y han desatado altos niveles Comando da Capital, que avanzó deliberadamente hacia el control de puertos estratégicos como parte de su economía ilícita basada en el tráfico internacional de drogas. En estos casos, la expansión nace desde la cúpula criminal como una decisión racional y económica para extender operaciones y mercados ilícitos, tanto a escala nacional como internacional.
La exocriminalidad de riesgo En los últimos años hemos tratado de incorporar nuevas variables de estudio a este fenómeno, con el fin de enriquecer la discusión crítica en un momento histórico marcado por transformaciones profundas en la criminalidad organizada y su impacto en la sociedad. Una sociedad líquida, como la definía Bauman (2003), que enfrenta hoy una criminalidad igualmente líquida. Investigar la criminalidad organizada transnacional representa no solo un desafío analítico en un contexto de transformaciones regionales y globales, sino también la necesidad de generar aportes que contrarresten narrativas que normalizan la violencia, la corrupción y la criminalidad. Hoy enfrentamos lo que denominamos la cuarta ola del crimen organizado (Farah, 2024), caracterizada por dinámicas más complejas, fluidas y transnacionales. En este marco, el concepto de criminalidad organizada transnacional se ha expandido hasta el punto de generar un dilema conceptual: su elasticidad permite que casi cualquier estructura delictiva sea clasificada como criminalidad organizada transnacional o, por el contrario, que ninguna lo sea con precisión. Todo depende de la ocasión, de su uso político o mediático, de la interpretación económica o del impacto social que se busque destacar. Esta ambigüedad y falta de definición tienen serias implicaciones para la estabilidad democrática de los países afectados, pues abren la puerta a la justificación de tendencias autoritarias, operaciones militares y la cesión de territorios a formas de gobernanza extralegal, especialmente cuando narrativas populistas proponen soluciones simplistas a fenómenos complejos.
Este escenario se ha convertido en un desafío emergente para la seguridad de los Estados y la estabilidad democrática, marcado por fenómenos cada vez más novedosos y complejos. En los últimos años, junto a mi colega Douglas Farah,4 hemos trabajado desde el terreno, la observación de tendencias y el análisis de estudios etnográficos y académicos en la conceptualización de un fenómeno que hemos denominado exploratoriamente como exocriminalidad de riesgo (Zeballos y Farah, 2025). Mientras la criminalidad organizada tradicional puede entenderse como un endosqueleto —estructuras que se generan desde dentro, planificadas, jerárquicas y con una racionalidad estratégica de expansión—, la exocriminalidad de riesgo opera de un modo distinto. Funciona como un exoesqueleto criminal,5 es decir, no surge de un núcleo interno ni de una planificación centralizada, sino que se adhiere a condiciones externas, como migraciones masivas, crisis sociales, colapsos institucionales o procesos de precarización económica. De esta forma, la exocriminalidad de riesgo protege y da forma a expresiones delictivas dispersas, les otorga una cobertura organizativa sin requerir un mando jerárquico definido ni una comunicación continua para rendir cuentas de sus actos. Al mismo tiempo, potencia la acción criminal al proveer un armazón externo —coyuntural, social, político o territorial— que facilita que pequeños actores o células se organicen de manera reactiva. Esto ocurre, por ejemplo, al adoptar la identidad simbólica de una marca criminal conocida, a la que se integra para ganar legitimidad. En este proceso, los grupos mantienen ciertos códigos de conducta y despliegan múltiples modelos semióticos, muchos de ellos solo comprensibles dentro de la propia estructura. 4 «About us», IBI Consultants, disponible en https://tipg.link/o2Kl. 5 El término exoesqueleto proviene de la biología. Según Ruppert, Fox y Barnes (2004), es una estructura rígida externa que recubre el cuerpo de ciertos animales (insectos, crustáceos y moluscos), cuya función principal es proteger al organismo de agresiones externas, dar soporte estructural y forma y permitir la interacción con el entorno a través de aperturas y articulaciones. Adaptada a nuestra idea, la exocriminalidad de riesgo puede entenderse como una forma de criminalidad que, al igual que un exoesqueleto, no surge de un núcleo interno planificado, sino que se sostiene, protege y potencia mediante factores externos (migratorios, sociales, políticos o económicos). Es un armazón externo que recubre prácticas delictivas dispersas, les da soporte y capacidad de acción sin que exista necesariamente una estructura criminal centralizada.
exoesqueleto biológico que puede ser mudado o reemplazado. No posee la rigidez de las mafias históricas, pero sí otorga soporte temporal a dinámicas criminales en contextos de crisis. Su aparición suele estar ligada a procesos de transnacionalización forzada, motivados por factores sociales, ambientales o vinculados a oportunidades coyunturales que favorecen la movilidad de organizaciones delictivas hacia nuevos territorios donde logran insertarse con rapidez. Hablar de exoesqueleto criminal permite visualizarla como una forma de criminalidad que se reviste de factores externos para sobrevivir y expandirse, aunque carezca de una osamenta criminal interna sólida. La exocriminalidad de riesgo no nace de una planificación estratégica deliberada de cúpulas criminales con capacidad transnacional —lo que denominamos criminalidad organizada transnacional estratégica—, sino de condiciones externas que la estimulan o de oportunidades que impulsan la transnacionalización de organizaciones criminales que inicialmente no tenían contemplada esa expansión. Constituye un fenómeno poco estudiado. No responde a una estrategia preestablecida, sino que surge desde la coyuntura: es la oportunidad la que genera el movimiento, no la planificación previa. En estos casos, la expansión ocurre por necesidad o presión externa, como sucede en contextos de oleadas migratorias. Ejemplos representativos de este modelo incluyen al Tren de Aragua, que hasta 2019 era considerada una megabanda venezolana sin presencia real en otros países y cuya proliferación se dio siguiendo las rutas migratorias, reclutando miembros en los países de destino; Los Trinitarios de República Dominicana, que fortalecieron sus estructuras mediante una combinación de capacidad de negociación, soporte logístico y el uso de violencia extrema; o las maras centroamericanas, deportadas desde Estados Unidos en la década de los ochenta, que encontraron en Centroamérica un entorno propicio para consolidarse y expandirse. Paralelamente, dichas circunstancias favorecen la diversificación de las economías ilícitas dentro de ecosistemas criminales en expansión. En la mayoría de los casos estudiados, el crecimiento de la exocriminalidad de riesgo ocurre en contextos donde la competencia criminal local es débil o inexistente, o existen economías ilícitas de alto valor no explotadas, vinculadas al control de rutas o instalaciones estratégicas. Así, las estructuras en expansión por vía de la exocriminalidad de riesgo identifican esas condiciones de oportunidad y las aprovechan, incluso considerando escenarios de resiliencia estatal o la relativa capacidad de los organismos de cumplimiento de la ley. Sin embargo, tales capacidades no representan un freno decisivo, lo crucial para la exocriminalidad de riesgo es la ventana externa que habilita su arraigo y crecimiento, más que la debilidad absoluta del Estado. La caracterización que hasta el momento hemos realizado sobre el fenómeno de la exocriminalidad de riesgo tiene algunos componentes esenciales: organizaciones criminales tradicionales, como el Primeiro Comando da Capital, las mafias italianas o las triadas chinas, estos grupos se expanden internacionalmente no por decisiones estratégicas de sus líderes, sino mediante una adaptación forzada. transnacionalización se origina a partir de fenómenos sociales como migraciones masivas o deportaciones, ejemplificados en el caso del Tren de Aragua y de las maras centroamericanas. terror y a la exhibición de violencia extrema como mecanismo estratégico para establecer y mantener el control territorial, así como para construir y consolidar una identidad criminal. Además, se utilizan símbolos, se promueve el desarrollo de una cultura pandillera y se aprovechan las redes sociales para reforzar y difundir dicha cultura. demuestran una notable capacidad de adaptación a nuevos entornos, lo cual puede derivar en estrategias más volátiles y potencialmente violentas. Inicialmente, operan con sus miembros originales, pero en un corto periodo incorporan o absorben actores locales, lo que genera una hibridación delictiva.
esta forma de criminalidad puede considerarse un sistema social semiabierto, caracterizado por estructuras laxas y la autonomía de sus diversas ramas, lo cual genera retroalimentación con la criminalidad local que impacta en la cultura delictiva y en las formas operativas. Este proceso propicia la cualificación, la formación de alianzas, los enfrentamientos entre facciones y el fortalecimiento agrupaciones puede alterar significativamente la dinámica de la criminalidad local y desestabilizar los precarios equilibrios existentes en las instituciones penitenciarias de los países receptores. Esto genera fenómenos de fragmentación y mutación criminal. criminales locales presentan vacíos de control. Aprovechan las deficiencias en los sistemas de seguridad, justicia, penitenciarios y control del crimen local. atomización, lo que propicia nuevos brotes de violencia y el surgimiento de estructuras criminales aún más impredecibles. Desde un enfoque sociológico, la exocriminalidad de riesgo refleja la interconexión entre criminalidad y procesos macrosociales como la globalización, las crisis migratorias y las fallas en la gobernanza estatal. Este fenómeno subraya que el crimen organizado no se configura únicamente a partir de decisiones internas, sino también por factores externos que impulsan su expansión transfronteriza. Las estructuras con potencial de exocriminalidad de riesgo suelen originarse como grupos de delincuencia organizada altamente identitarios, definidos en su territorio de origen por lazos comunitarios, afinidades culturales o experiencias compartidas de marginalidad y violencia. Estos grupos se fortalecen a través de alianzas con actores públicos corruptos o vínculos con liderazgos criminales cuya autoridad se cimienta en la brutalidad, la violencia extrema y, muchas veces, en sus trayectorias penitenciarias. A diferencia de las organizaciones criminales transnacionales consolidadas, estas estructuras carecen de sofisticación organizativa, centralidad en el mando y capacidad propia para expandirse más allá de sus territorios iniciales. Por ello, en sus primeras etapas suelen ser subestimadas por autoridades y medios, que concentran la atención en mafias de marcas reconocidas, con mayor trayectoria y redes internacionales establecidas. De este modo, cuando se producen cambios o crisis sociales, económicas o políticas fuera de las zonas de origen —particularmente aquellos fenómenos asociados a la movilización masiva de población—, integrantes de estas estructuras o actores criminales vinculados a ellas (o sus zonas de origen) llegan a nuevos territorios y lo primero que hacen suele ser reforzar su identidad criminal, adoptando una marca reconocible que infunda temor en la población receptora. En este proceso, pequeñas bandas locales suelen asumir el nombre y el prestigio de organizaciones criminales mayores, ya sea pagando una «franquicia», un «impuesto» o adhiriendo a «la causa», como se denomina en varios contextos. Esto genera un efecto de crecimiento inorgánico, que no necesariamente fortalece a la banda local, pero sí consolida a la marca criminal global que avala ese uso. Se trata de una relación win-win: la organización mayor extiende su influencia sin necesidad de despliegue directo, mientras que la banda local obtiene legitimidad criminal y mayor capacidad de intimidación. En este marco, algunos nuevos integrantes logran incluso establecer vínculos con miembros consolidados de la organización madre, muchas veces saltándose los rituales tradicionales de ingreso. Esto produce dos efectos: por un lado, potencia una expansión rápida y violenta; por otro, genera fenómenos de fragmentación o independentismo criminal cuando los nuevos nodos buscan autonomía en los territorios de acogida. El resultado final es un escenario en el que las comunidades más vulnerables terminan atrapadas en medio de pugnas violentas, sometidas a dinámicas de apropiación simbólica, fragmentación interna y disputas por legitimidad entre actores criminales en expansión.
¿Mutación o resiliencia criminal? El concepto de resiliencia no tiene una definición única. Según el Diccionario de la lengua española, puede aludir tanto la capacidad de un ser vivo para adaptarse a situaciones adversas como a la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial tras una perturbación. En la sociología del crimen se entiende como una combinación de resiliencia individual de los miembros (supervivencia personal o reinserción criminal tras la prisión) y resiliencia estructural de la organización (reorganización tras golpes externos). En los estudios e investigaciones sobre dinámicas del crimen organizado, el concepto de resiliencia suele asociarse casi exclusivamente a la capacidad de los Estados para enfrentar la violencia y la criminalidad, que mide su habilidad de resistir, adaptarse y recuperarse frente a choques delincuenciales. Sin embargo, este enfoque resulta incompleto si no se reconoce que la resiliencia también es una característica fundamental de las propias organizaciones criminales, que desarrollan mecanismos para sostenerse frente a los embates de la acción estatal o a las disputas violentas con grupos rivales. Estas organizaciones logran adaptarse a la presión externa diversificando economías ilícitas, modificando sus estructuras internas, desplazándose territorialmente o reconfigurando sus alianzas para garantizar así su continuidad y capacidad operativa. En este sentido, hablar de resiliencia criminal implica reconocer que las organizaciones ilícitas no solo sobreviven, sino que a menudo emergen fortalecidas de escenarios de confrontación, lo que plantea un desafío aun mayor para los conceptos tradicionales de seguridad y gobernanza. Se sostiene que la adopción de comportamientos delictivos asociados al crimen organizado, en cualquiera de sus manifestaciones —consolidadas o emergentes—, transforma de manera profunda los entornos culturales y territoriales donde se desarrollan. Este fenómeno constituye un aspecto esencial a considerar en el diseño de políticas públicas de reinserción social, al tiempo que plantea un desafío significativo para las respuestas estatales. Más aún, la implementación de estrategias inadecuadas o descontextualizadas no solo puede resultar ineficaz, sino que corre el riesgo de intensificar la amenaza criminal, consolidar dinámicas de exclusión y fortalecer la resiliencia de estas estructuras.
Por lo observado en el trabajo de campo, investigando criminalidad organizada transnacional o tratando de potenciar documentalmente nuestra hipótesis de la exocriminalidad de riesgo, estas organizaciones poseen una mayor capacidad de mutación y adaptabilidad en entornos en los que operan grupos delictivos débiles, lo cual genera fenómenos criminales emergentes y modifica los patrones tradicionales de adscripción delictiva. Esto, a su vez, plantea nuevos desafíos para los Estados y la estabilidad democrática, dado que la institucionalidad no logra actualizar ni ajustar con rapidez su marco teórico, jurídico y operativo frente a estas amenazas. región, es pertinente cuestionar si agrupaciones como el Tren de Aragua —que ha recibido múltiples golpes judiciales y policiales en los lugares donde lograron expandirse— se encuentran en un proceso de mutación o resiliencia. Este tránsito podría expresarse en dos direcciones: por un criminal, que sigue siendo una de las más potentes y reconocidas en el continente; y, por otro, mediante la fragmentación en múltiples estructuras organizadas, que mantendrán un origen identitario en el Tren de Aragua, pero que, al mismo tiempo, desarrollarán sus propias marcas. Estas nuevas expresiones criminales tendrían la capacidad de operar de manera autónoma y, a la vez, ser funcionales a organizaciones de criminalidad organizada transnacional estratégica. El resultado es una atmósfera hiperconectada y funcionalmente práctica, en la que conviven núcleos que aún se identifican con el Tren de Aragua, bandas satélites con sello propio y vínculos estratégicos con actores criminales mayores. Estudios específicos sobre esta agrupación muestran que, si bien en su origen respondía a un mando centralizado que planificaba la expansión apoyándose en la diáspora venezolana, hoy exhibe un modelo mucho más flexible y parasitario, capaz de integrar grupos locales y tomar decisiones oportunistas en cada territorio. Nuestro trabajo subraya la necesidad de profundizar en las lógicas de resiliencia de las estructuras criminales. La detención de sus líderes riesgo como en aquellas de criminalidad organizada transnacional estratégica— no garantiza necesariamente su desarticulación. Cuando los sistemas penitenciarios carecen de condiciones adecuadas, los propios recintos del Estado pueden convertirse en plataformas de reproducción y potenciación del crimen organizado. una organización criminal es la variable que realmente sostiene su resiliencia. El crimen organizado se caracteriza por su plasticidad, ya que puede adoptar formas jerárquicas tradicionales, como la ’Ndrangheta italiana, o estructuras flexibles y descentralizadas, como ocurre en muchos cárteles latinoamericanos. La elección del modelo depende de factores como el tipo de economía ilícita en que participan, el contexto social y político en que operan y la presión de las fuerzas del orden. En todos los casos, la capacidad de adaptación ha sido una constante. El Tren de Aragua es hoy un ejemplo de esta plasticidad; se ha convertido en un híbrido entre la expansión identitaria propia de la exocriminalidad de riesgo, con unos vínculos funcionales que lo acercan a la lógica de la criminalidad organizada transnacional estratégica, todo ello bajo un mismo paraguas de resiliencia criminal. Una de las características más notables del crimen organizado es precisamente su capacidad para adaptarse y evolucionar en respuesta a los cambios en su entorno operativo. Esta adaptabilidad se manifiesta en varias formas: diversificación de actividades delictivas, expansión a nuevos mercados y adopción de tecnologías emergentes. Así, en respuesta a la intensificación de los esfuerzos internacionales contra el narcotráfico, muchas organizaciones han diversificado sus actividades hacia delitos como el tráfico de personas, el fraude financiero o el cibercrimen. La resiliencia también se expresa en la habilidad para operar en múltiples jurisdicciones, explotando las diferencias legales y los vacíos en la aplicación de la ley entre países. Esto ha favorecido el surgimiento del crimen organizado transnacional, en el que las organizaciones actúan a través de las fronteras, utilizando redes globales para sostener sus economías ilícitas. La globalización, en este sentido, ha ampliado sus oportunidades y ha facilitado tanto la circulación de mercancías ilegales como el uso estratégico de tecnologías de información y comunicación. En este marco, la resiliencia criminal no puede calificarse como «buena» o «mala» en sí misma, pues es un rasgo observable tanto en regímenes autoritarios muy estables como en organizaciones criminales persistentes. Lo importante es no confundir resiliencia con simple resistencia al cambio. Un sistema que permanece inalterado frente a nuevas presiones, en realidad, reduce su capacidad resiliente. La verdadera resiliencia se expresa en la habilidad de adaptarse, transformarse e incluso mutar para garantizar así la continuidad y la supervivencia en entornos adversos.
Economías ilícitas y su estudio econométrico El crimen organizado es un fenómeno delictivo extremadamente diverso y complejo, que se manifiesta en una amplia gama de formas y utiliza estructuras organizativas sofisticadas para llevar a cabo sus operaciones. Su diversidad se refleja en las diferentes lógicas que rigen sus actividades, y una de las más comunes es la lógica de mercado. En estos casos, las organizaciones criminales operan como emprendimientos ilícitos que buscan maximizar sus ganancias mediante la explotación de mercados ilegales. Ejemplos de esto incluyen el tráfico de drogas, el tráfico de armas y el contrabando de bienes. En estos mercados, las organizaciones criminales adoptan estrategias empresariales que incluyen la producción, distribución y venta de bienes ilegales, la diversificación de sus operaciones y la reinversión de las ganancias ilícitas en nuevas actividades delictivas o en la economía legal. Estas organizaciones pueden funcionar de manera similar a las corporaciones legales, utilizando cadenas de suministro complejas, estableciendo redes de distribución y empleando tácticas diversas para atraer a los consumidores. Además de las lógicas de mercado, el crimen organizado también puede manifestarse a través de lógicas predatorias. En estos casos, las organizaciones criminales se involucran en actividades que implican la explotación directa de víctimas, como la extorsión, el secuestro y el sicariato. Estas actividades dependen menos de la creación de un mercado ilegal y más de la capacidad de las organizaciones para ejercer control y violencia sobre individuos o grupos vulnerables. La lógica predatoria del crimen organizado se basa en la coerción y la intimidación, y a menudo se manifiesta en áreas donde el Estado tiene una presencia débil o es incapaz de proteger adecuadamente a sus ciudadanos. En estos contextos, las organizaciones criminales pueden llegar a sustituir a las autoridades estatales, ofreciendo protección simulada a cambio de pagos regulares, en un esquema que se asemeja al cobro de impuestos por parte de un gobierno. Además, las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad para infiltrarse en la economía legal y establecer relaciones con actores legítimos. Esto incluye el lavado de dinero a través de negocios legales, la corrupción de funcionarios públicos y la manipulación de procesos políticos. Estas relaciones no solo proporcionan a las organizaciones criminales acceso a recursos y protección, sino que también les permiten operar con una mayor impunidad. En algunos casos, las organizaciones criminales han logrado convertirse en actores influyentes dentro de la economía y la política de ciertos países, lo que les permite ejercer un control significativo sobre aspectos clave de la vida social y económica. Uno de los enfoques teóricos más útiles para entender el crimen organizado es la teoría de la oportunidad, que plantea que el crimen organizado prospera cuando existen oportunidades que facilitan la comisión de delitos. Estas oportunidades pueden surgir de diversas fuentes, como ley y las desigualdades sociales y económicas. La adaptabilidad es una de las características más importantes del crimen organizado. Las organizaciones criminales tienen la capacidad de cambiar y evolucionar en respuesta a las amenazas, lo que les permite sobrevivir y prosperar incluso en entornos hostiles. Esta adaptabilidad se manifiesta de varias maneras, que incluyen la diversificación de actividades delictivas, la expansión a nuevos mercados y la adopción de nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando las autoridades intensifican la lucha contra el tráfico de drogas, muchas organizaciones criminales diversifican sus operaciones para incluir otros delitos. En este ecosistema convergen distintos niveles de delincuencia, unidos por un denominador común: las economías ilícitas. ¿Qué entendemos por economías ilícitas? En términos simples son actividades económicas basadas en bienes o servicios prohibidos, reguladas de forma tal que su intercambio se vuelve ilegal, o que se sostienen con prácticas delictivas (violencia, corrupción o fraude) y que se conectan a flujos financieros ilícitos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito describe el fenómeno como una «industria criminal transnacional» que cruza fronteras y socava la seguridad y el desarrollo. Un lente útil es la sociología económica, que clasifica los mercados ilegales según cuatro fuentes de ilegalidad: i) productos ilegales en sí; ii) intercambio ilegal de productos legales; iii) intercambio basado en robo o falsificación; y iv) violaciones regulatorias. Relacionada y transversal se encuentra la noción de flujos financieros ilícitos —entendida como «dinero obtenido, transferido o usado ilegalmente que cruza fronteras» (World Bank, 2017)—, categoría que agrega evasión fiscal, lavado y transferencias desde mercados ilegales, y es clave para seguir el rastro del valor de estas economías. En consecuencia, la medición de las ganancias de las economías ilícitas se vuelve un factor prioritario en la investigación. Una verdadera econometría criminal podría ofrecer pistas sobre dónde los Estados pueden generar un impacto real al golpear estas estructuras y, al mismo tiempo, advertir en qué escenarios las variables económicas favorecen dinámicas más peligrosas, como la corrupción de funcionarios públicos, la destrucción del medioambiente, el control del territorio o la consolidación de formas de gobernanza criminal. Asimismo, permitiría identificar aquellos contextos en los que las organizaciones serán más resilientes frente a la acción estatal. Este es un desafío que no puede ser asumido por un solo actor: requiere el compromiso colectivo de observatorios independientes, actores sociales, el mundo académico, las políticas estatales y, especialmente, de la cooperación internacional, cuya articulación resulta clave para enfrentar la complejidad transnacional de estas economías ilícitas. Cuando se aborda el tema del crimen organizado y sus economías ilegales, suele reducirse la discusión al narcotráfico. Si bien esta continúa siendo la economía ilícita más prominente, en la actualidad se observa una notable diversificación e integración de otras actividades criminales, algunas de las cuales incluso han superado en ganancias al propio narcotráfico, como ocurre con la explotación ilegal de oro en Perú. Las investigaciones de campo realizadas han comprobado que estas economías ilícitas no operan de manera aislada, sino que están profundamente interconectadas. Esto sugiere que las principales actividades criminales que hoy prevalecen en América Latina se encuentran más entrelazadas que nunca y conforman un entramado económico ilícito que desafía los marcos tradicionales de análisis y control estatal. En la búsqueda de sus objetivos, las estructuras criminales emplean la violencia, la extorsión y la corrupción de funcionarios públicos, además de recurrir a la intimidación o cooptación de actores privados. Con frecuencia, estas prácticas van acompañadas de la depredación del medioambiente y la violación de derechos humanos, todo bajo una lógica orientada al control territorial o al dominio de rutas e instalaciones estratégicas. Las estructuras del crimen organizado encuentran un terreno fértil para su expansión en contextos de alta informalidad económica, donde la falta de regulación y supervisión facilita su inserción y consolidación. La informalidad no solo se limita al sector económico, sino que se extiende a prácticas sociales y políticas que debilitan las instituciones, lo que crea un vacío en el cual las redes criminales pueden operar sin restricciones. Estas estructuras delictivas, al mismo tiempo, logran infiltrarse en el ámbito formal a través de prácticas de parasitismo empresarial, que les permiten apoderarse de empresas legítimas o manipular mercados a través del lavado de activos. Dichas prácticas no solo desestabilizan la actividad económica legal, sino que también incrementan el riesgo para la seguridad de las personas y las empresas, afectan la confianza pública en las instituciones, y generan un impacto negativo en la seguridad nacional. En este contexto, las economías ilícitas se convierten en el motor principal que impulsa la consolidación, expansión y diversificación de las actividades delictivas, que favorece la exploración de nuevos mercados ilegales y territorios emergentes. A medida que las redes criminales buscan maximizar sus beneficios, se observa una expansión geográfica de sus operaciones que va más allá de las fronteras locales y les permite establecer nexos con otros grupos en el ámbito regional e internacional. Estas dinámicas no solo incluyen la ampliación de las operaciones delictivas, sino también la formación de alianzas precarias que, aunque inicialmente funcionales, suelen derivar en violentos conflictos internos debido a la lucha por el control de recursos y territorios. Este proceso facilita la integración de estructuras consolidadas del crimen organizado latinoamericano con redes locales más pequeñas, lo que crea una red transnacional de criminalidad interconectada. Asimismo, las conexiones con consorcios criminales extrarregionales permiten que estos grupos operen como auténticos reguladores del mercado ilícito, estableciendo reglas no escritas que controlan el flujo de productos y servicios ilegales, al tiempo que refuerzan la impunidad y debilitan aún más la capacidad del Estado para hacer frente a la criminalidad. En este sentido, la informalidad económica no solo es un caldo de cultivo para las actividades del crimen organizado, sino un factor estructural que perpetúa su expansión y sofisticación. El crimen organizado representa una amenaza económica significativa a nivel global y regional. Según un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, el costo directo del crimen y la violencia en América Latina y el Caribe alcanzó el 3,44 % del producto interno bruto de la región en 2022. Este porcentaje equivale a casi el 78 % del presupuesto público para educación, el doble del presupuesto para asistencia social y doce veces el presupuesto para investigación y desarrollo en la región (Perez-Vincent y otros, 2024). Por su parte, las ganancias de las economías ilícitas controladas por el crimen organizado son tan considerables que, si se pudiera cuantificar como una economía independiente, sería la tercera más grande del mundo, según estudios de la Coalición Internacional Contra las Economías Ilícitas. Este escenario lleva a las estructuras del crimen organizado a explorar nuevos mercados ilícitos y diversificar sus operaciones mediante el control de nuevas rutas o zonas estratégicas, lo que impacta de manera directa la estabilidad de los países, la seguridad de las comunidades y el funcionamiento de las cadenas productivas, de suministro y de comercio. La búsqueda constante de nuevas rutas por parte de las organizaciones criminales y sus operadores logísticos responde a un principio estratégico basado en la funcionalidad, la rentabilidad económica y la diversificación de portafolios dentro de las economías ilícitas. En términos simples, cuando una nueva ruta de transporte demuestra ser viable, [La exocriminalidad de riesgo] funciona como un exoesqueleto criminal, es decir, no surge de un núcleo interno ni de una planificación centralizada, sino que se adhiere a condiciones externas, como migraciones masivas, crisis sociales, colapsos institucionales o procesos de precarización económica. funcional y relativamente segura para un tipo específico de mercancía —por ejemplo, drogas—, su potencial se multiplica, ya que esa misma ruta puede ser utilizada posteriormente para movilizar otros productos ilícitos, e incluso legales, maximizando su utilidad logística. Además, es importante comprender que estas rutas no permanecen inactivas entre un cargamento y otro. Por el contrario, durante los periodos de aparente latencia o baja actividad, los grupos criminales aprovechan para fortalecer su infraestructura operativa —que en la mayoría de los casos está enmascarada en actividades de apariencia legal—, perfeccionar los mecanismos de traslado y ampliar redes de corrupción que faciliten el flujo sostenido de mercancías. Estos periodos se utilizan también para evaluar tiempos de respuesta y rutinas de fiscalización de autoridades, detectar riesgos y explorar sinergias con otros flujos de carga, tanto legales como ilegales.
En este escenario, el contrabando adquiere un papel central. A menudo, el contrabando de productos de alto valor, baja fiscalización y demanda estable —como cigarrillos, tecnología, medicamentos o textiles— se convierte en una opción más rentable y menos riesgosa que otras economías criminales, como el tráfico de drogas. Por esta razón, cuando una ruta demuestra condiciones favorables, es común que se intente explotarla al máximo para actividades de contrabando, para consolidar así un corredor ilícito multifuncional con amplias capacidades de adaptación y proyección transnacional. El panorama del crimen organizado se caracteriza por una red en la que la cooperación entre criminales es fluida, sistemática y enfocada en el lucro que se genera al inyectar las ganancias de las economías ilícitas en las economías formales. Para ello, varios actores clave cooperan en redes criminales con proveedores de servicios e intermediarios en roles fundamentales. De forma similar a un entorno empresarial lícito, el núcleo de una red criminal está compuesto por capas de gestión y operadores de campo que proporcionan servicios de seguridad, control del territorio, apoyo logístico, intermediación, falsificación de documentos, experticia técnica, asesoría legal y financiera, lavado de dinero y otros servicios dentro del aparato estatal. En la actual reconfiguración de la criminalidad, los recintos portuarios y extraportuarios, almacenes, rutas transfronterizas y sus entornos se han transformado en zonas de intensa disputa para las organizaciones criminales. Estos espacios funcionan como puntos estratégicos para sus economías ilícitas y son nodos clave de entrada y salida de productos ilegales, contrabando, dinero en efectivo, armas y otros bienes asociados a sus operaciones.
Conclusiones El crimen organizado es una amenaza significativa para la estabilidad democrática, lo que exige respuestas integrales en diversas dimensiones. Se requiere una respuesta policial y judicial diferenciada; por ejemplo, las dinámicas de exocriminalidad de riesgo, debido a su naturaleza fluida, menos estructurada y altamente adaptable, demandan estrategias que se implementen dentro de un Estado de derecho democrático. Es prioritario evitar tendencias de represión masiva e indiscriminada que, a largo plazo, resultan insostenibles o terminan potenciando a las estructuras criminales. En este contexto, la cooperación internacional adquiere particular relevancia, pues se requiere una colaboración ágil entre países para contrarrestar la rápida movilidad y adaptabilidad de estos grupos. Ante la disminución de la participación de Estados Unidos en dicha cooperación, es imperativo buscar nuevos socios, como Italia en materia de cárceles de máxima seguridad y España en la lucha contra la exocriminalidad de riesgo en América Latina y África. Aprovechar las experiencias democráticas y la experticia regional contribuye a suplir este vacío. Asimismo, es imprescindible abordar de forma integral las políticas migratorias y sociales, dado que el fenómeno delictivo se nutre de factores sociales y migratorios que facilitan su expansión. Estas deben ser implementadas de manera regional y multilateral, pues ningún país puede lograr resultados significativos actuando de manera aislada. La modificación de los modelos de prevención existentes debe enfocarse en la anticipación y mitigación multidimensional, con estrategias que incluyan una presencia estatal positiva, la generación de empleos promoción de una policía íntegra. Es necesario prestar especial atención a los ecosistemas y circuitos donde se desarrolla la criminalidad, como los territorios ocupados, asentamientos informales y recintos penitenciarios. En este sentido, la adaptación del régimen carcelario debe incluir categorías especiales que respondan a las particularidades del desafío y establecer sistemas de incentivos que contrarresten la tendencia al crecimiento y reclutamiento de la criminalidad emergente. Además, será prioritario desarrollar modelos de intervención territorial integral población vulnerable. El Estado debe ofrecer una alternativa sólida frente a la oferta de empleo, legitimidad y participación social que brindan los grupos delictivos, con particular atención a la población infanto-juvenil, frecuentemente tentada a considerar la criminalidad como un modelo de éxito social y estatus.
Las respuestas adoptadas deben ser sostenibles y alineadas con una visión de Estado y un proyecto de país que trascienda intereses partidistas. Aunque las respuestas represivas sin un marco jurídico adecuado pueden parecer efectivas a corto plazo, estas estrategias socavan la democracia y el Estado de derecho. En contraste, un modelo democrático sostenible y flexible, aunque demande mayores recursos en el corto plazo y requiera un esfuerzo constante para mantener un consenso nacional, constituye la única vía a largo plazo capaz de enfrentar eficazmente amenazas como la exocriminalidad de riesgo y la criminalidad organizada transnacional, preservando tanto las libertades fundamentales como la sostenibilidad económica. En este entorno, las organizaciones criminales han demostrado una notable capacidad para mutar, infiltrarse, adaptarse y aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas democráticos, la empresa privada y el tejido social, debilitando las bases fundamentales de las estructuras estatales. Este proceso, de naturaleza compleja y evolutiva, se caracteriza por ser altamente adaptativo y económicamente racional. Una de las fases de este proceso es particularmente radical y extremadamente violenta, ya que obedece a lógicas de demostración de poder, capacidad y dominación en la disputa por territorios, espacios estratégicos o mercados ilícitos. Aunque la intensidad de esta violencia puede reducirse con el tiempo, esto no implica necesariamente una disminución en la presencia ni en la influencia del crimen organizado. En esta cuarta ola de la criminalidad organizada, el narcotráfico, aunque sigue siendo relevante, ha dejado de ser el único eje de las actividades ilícitas. La nueva criminalidad, caracterizada por su polifuncionalidad y diversificación, ha dado lugar a mercados interconectados que incluyen la minería ilegal; el contrabando de mercancías, alimentos, cigarrillos y medicamentos falsificados; el tráfico de armas; la extorsión; el control de rutas y fronteras; el contrabando de precursores químicos; y la trata de personas vinculada a la migración irregular, entre otros múltiples mercados criminales. Finalmente, es necesario hacer un llamado a potenciar los observatorios independientes y la investigación de campo, que requiere de la humildad no como una virtud opcional, sino una herramienta esencial para acceder a la verdad. Quien investiga fenómenos complejos como el crimen organizado, las economías ilícitas o las dinámicas sociales en territorios vulnerables, debe comprender que el conocimiento no se construye únicamente desde la teoría o la experiencia previa, sino desde la capacidad de escuchar, observar y aprender de los demás, incluso —y especialmente— de quienes viven inmersos en la realidad que se estudia. La soberbia, en cambio, actúa como un muro invisible que bloquea el acceso a la información valiosa, genera desconfianza y rompe los puentes que permiten entrar en contextos cerrados. La humildad en el terreno implica reconocer que uno llega como invitado, no como dueño de la verdad. Significa entender que las comunidades, testigos y actores locales poseen conocimientos y códigos que el investigador no domina de inmediato. Solo desde una disposición genuina a aprender y a adaptarse se pueden generar vínculos de confianza que faciliten el acceso a datos, testimonios y contextos que no se revelan a quien llega con prepotencia o afán de imponer sus ideas. Evitar la soberbia es también un ejercicio de autocontrol intelectual. Muchas veces, el investigador de campo, armado con datos y años de experiencia, puede creer que ya sabe cómo interpretar lo que ve. Pero la realidad en terreno es cambiante, contradictoria y a veces desconcertante. Aceptar que nuestras hipótesis pueden estar equivocadas, que debemos rectificar sobre la marcha y que la información más importante puede provenir de fuentes inesperadas es un signo de fortaleza profesional y no de debilidad. En definitiva, la humildad permite que la investigación de campo sea un proceso vivo, capaz de adaptarse y nutrirse de múltiples miradas. Es la actitud que abre puertas y disuelve barreras, que evita errores por exceso de confianza y que protege al investigador de caer en lecturas sesgadas. Quien investiga con soberbia se aísla; quien lo hace con humildad, se conecta. Y en contextos donde la seguridad, la confianza y la precisión son vitales, esa conexión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de todo un trabajo. De la misma manera, la política democrática y el Estado de derecho deben también ejercer esa humildad y escuchar, reconocer límites y actuar sin la soberbia que erosiona la confianza social. Solo así podrán generar la cohesión necesaria para fortalecer el tejido social, condición indispensable para contrarrestar la velocidad y la profundidad con que avanza el crimen organizado.
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Douglas Farah
Periodista, autor y consultor de seguridad nacional estadounidense. Presidente del Consejo Asesor del Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam). Presidente de IBI Consultants.
Durante décadas, a través de las diferentes etapas de la «guerra contra las drogas» declarada en 1989 por el entonces presidente de Estados Unidos George H. W. Bush, cuando el cártel de Medellín estaba en su punto más fuerte, los patrones del negocio multimillonario de la cocaína se mantuvieron con cierta estabilidad: un producto (cocaína) destinado a un mercado hacia el norte (Estados Unidos), con un contraflujo de dinero y armas al sur. Hoy estamos atravesando una de las transformaciones más profundas, rápidas y estructurales en las múltiples dimensiones del crimen organizado transnacional y de las economías ilícitas asociadas. Este reordenamiento —marcado por el caos, la violencia y la erosión del orden legal— tiene implicancias de alcance global, con un impacto particularmente agudo en América Latina. Sin embargo, una de las dinámicas que no ha variado mucho desde hace cinco décadas es que, aun con la diversificación de productos y actores en el mundo del crimen organizado transnacional, casi todas las armas utilizadas por las bandas criminales en América Latina tienen su origen en compras masivas y legales en Estados Unidos. Hoy, eso es cierto en México y Centroamérica, y no tan absoluto en América del Sur, donde, como explicaremos, el flujo de nuevos actores europeos y asiáticos ha diversificado más el origen de armas. Si bien es cierto que la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos permite una libertad extensa para comprar y portar armas en ese país —hasta armas automáticas— que el resto del mundo ve con alarma, ello se ha convertido en el pretexto para inundar Latinoamérica con armas de alta sofisticación y letalidad. Esas armas, desde pistolas calibre .22 a rifles calibre .50, especiales para francotiradores, son las herramientas necesarias para que las megabandas y los cárteles criminales se hayan desarrollado como poderes paralelos de gobernanza en grandes extensiones del continente. Aunque algunos estados obligan a los compradores de armas a esperar hasta tres días para entregar el arma, en la mayoría, un particular puede comprar cualquier arma de una persona «privada» sin demora o chequeo. En las grandes ferias de armamento que se realizan casi a diario en todos los rincones de Estados Unidos, casi todos los vendedores declaran sus ventas como de una persona particular a otra persona, así evaden todo registro del traspaso del arma o la identidad del dueño. Conocido como el gun show loophole o vacío legal de las ferias de armas, es una laguna que permite vender y comprar armas sin límite (Ebsco, 2025). En 2021, por primera vez en la historia, el gobierno de México presentó una extensa demanda contra un grupo de acusados que por décadas había esquivado cualquier responsabilidad legal por los miles de muertos que son consecuencia directa de sus productos: los fabricantes de armas más conocidos del mundo, incluidos Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Ruger y otros.1 El propósito de la demanda, según los documentos presentados, fue «poner fin al daño masivo causado por los acusados por facilitar activamente la venta de sus armas a cárteles de la droga y otros grupos criminales en México».2 La demanda agrega 1 Caso Estados Unidos Mexicanos con Smith & Wesson Brands, Inc.; Barrett Firearms Manufacturing, Inc.; Beretta USA Corp.; Beretta Holding S.P.A.; Century International Arms, Inc.; Colt’s Manufacturing Company Llc; Glock, Inc.; Glock Ges.M.B.H.; Sturm, Ruger & Co., Inc.; Witmer Public Safety Group, Inc., U.S. District Court for the District of Massachusetts, 4 de agosto de 2021, disponible en https://tipg.link/oLH2. 2 Caso Estados Unidos Mexicanos con Smith & Wesson Brands, Inc. y otros, U.S. District Court for the District of Massachusetts, 4 de agosto de 2021, traducción propia, disponible en https://tipg. link/oLH2.
que entre 70 % y 90 % de las armas encontradas en los lugares de los crímenes violentos en México llegan de Estados Unidos, la gran mayoría fabricada por seis empresas norteamericanas. También se señala a uno de los acusados, Barrett, por vender rifles calibre 0,50, diseñados para uso especializado de francotiradores, una de las armas más cotizadas por los cárteles. «Esta inundación de armas letales no es un fenómeno natural ni inevitable, como consecuencia del negocio de armas o las leyes de Estados Unidos», argumentan en la demanda, «es el resultado predecible de las acciones y prácticas de mercadeo de los acusados». A ello añaden: La ceguera voluntaria [de las empresas], sin controles de distribución, ayuda y apoya en la matanza y herida a niños, jueces, periodistas, policías y ciudadanos comunes a lo largo de México a un costo de miles de millones de dólares al año para el gobierno […] sin esas armas, los cárteles de la droga podrían ser controlados y frenados. En junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó, en una decisión unánime, que no se podía proceder a juicio porque los fabricantes de armas tienen una serie de protecciones, establecidas hace veinte años, que los exonera de responsabilidad en casi toda circunstancia. La Corte no emitió opinión sobre la veracidad de las acusaciones (Howe, 2025), pero la demanda puso en cifras frías las consecuencias del flujo de armas de guerra del norte al sur, una realidad que recibe poca atención en Estados Unidos, donde el enfoque es sobre las víctimas de las drogas, no las armas. Sin embargo, como sabemos después de décadas de violencia, magnicidios, masacres y secuestros, son las armas que llegan de afuera de la región las que dan el poder destructivo a los cárteles y son herramienta clave para generar la violencia, intimidación y caos que hoy en día se vive en gran parte del hemisferio. La demanda del Estado de México contra las empresas de armas en Estados Unidos se limitó a mostrar el daño de esa inundación en ese país. Para entender la magnitud de la realidad del flujo de armas de Estados Unidos, a los cientos de miles de muertos, heridos, desplazados y aterrados habría que agregar los cientos de miles de víctimas en Centroamérica, que son dos veces victimizados: por el costo humano de la avalancha de armas que llegaron durante las guerras civiles de los años ochenta y que nunca fueron recogidas o destruidas, y por el flujo continuo a la región desde entonces. También habría que tomar en cuenta el impacto en Colombia y el resto de América del Sur. Cabe destacar que muchas de las armas que circularon por la región después de las guerras civiles eran de origen soviético, que en esos años también mantenía un flujo sin regulación ni contabilidad de armas a sus aliados. Hoy, en Venezuela y Nicaragua todavía se trafican armas de Rusia y la ex Unión Soviética, en redes manejadas por disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las Fuerzas Armadas Venezolanas y el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. También Israel ha sido, en momentos críticos, proveedor de grupos como los Autodefensas Unidas de Colombia y otros grupos paramilitares, con la compra y entrega de armas dirigidas por el legendario mercenario Yair Klein (Gillin, 2014).
La cuarta ola del crimen organizado en América Latina Estos flujos de armas, innovaciones y experiencias del norte hacia el sur cobran una importancia adicional en el momento actual de las transformaciones del crimen organizado transnacional, que son tan dramáticas que lo definimos como una cuarta ola del crimen organizado. Esta ola se caracteriza por la diversificación de economías ilícitas y el surgimiento de nuevos mercados, actores inéditos y modalidades operativas más flexibles y sofisticadas. Para poner el concepto en su contexto, las olas se dividen, en términos generales, de la siguiente manera: pioneros en el tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos a través de rutas caribeñas. Esta etapa fundacional sentó las bases del narcotráfico a gran escala, con violencia extrema y una inédita capacidad de corrupción institucional. rutas de tráfico a través de Centroamérica y México. Este periodo Casi todas las armas utilizadas por las bandas criminales en América Latina tienen su origen en compras masivas y legales en Estados Unidos. marcó la profesionalización del negocio y una expansión logística más silenciosa pero igualmente poderosa, con grupos criminales de origen mexicano que surgieron como operadores y actores importantes. Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Cuba usan —directa o indirectamente— grupos armados, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, como política de Estado, y convirtieron estatal y geopolítico. mafias albanesas, organizaciones turcas y otros grupos globalizados. Esta fase no solo incluye el tráfico de drogas sintéticas y la explotación ilícita de recursos como el oro, sino que también se apoya en alianzas con gobiernos autoritarios —de izquierda o de derecha— que intercambian protección política por flujos de capital ilícito. Se trata de una etapa transnacional, fluida y pragmática, en la que el crimen organizado actúa como un actor geoeconómico con capacidad de influir en decisiones estatales (Farah, 2024).
Si bien las tres primeras olas del crimen organizado transnacional representan etapas relativamente discretas, comparten dos características fundamentales: el tráfico de un producto dominante (la cocaína) hacia un mercado principal (Estados Unidos) y el retorno de las ganancias ilícitas a los países de origen, donde eran recicladas e integradas, parcial o totalmente, a las economías formales. Además del flujo de dinero de norte a sur, también es constante en los modelos el flujo de armas cada vez más sofisticadas de Estados Unidos hacia grupos criminales. La cuarta ola rompe con ese patrón, con la diversificación de productos y mercados ilícitos, y la integración de actores extrarregionales, como la ‘Ndrangheta, mafias albanesas y organizaciones turcas, que ya no solo operan como aliados logísticos, sino como socios estratégicos insertos en las dinámicas criminales del hemisferio. Otro factor fundamental es la recomposición de los mercados de la droga, que gira alrededor de dos ejes: la caída de la demanda, el consumo y el precio de la cocaína en Estados Unidos y la correspondiente alza del consumo y precio en Europa y el Pacífico (Australia y Nueva Zelanda), que reorienta las rutas de cocaína a nivel mundial. Al mismo tiempo, en Estados Unidos y otras partes hay una expansión dramática de la industria de drogas sintéticas, como la metanfetamina y el fentanilo, que han reconfigurado las cadenas de abastecimiento, de producción, distribución y consumo. Esos cambios entre oferta y demanda en el mercado, más la expansión de mercados ilícitos (como oro, madera y personas) obliga a los grupos del crimen organizado transnacional a entrar en la recomposición de las disputas territoriales, en las que los conflictos ya no se articulan únicamente en torno al control de rutas o zonas de producción, sino por alianzas tácticas y cambiantes entre los grupos y bandas locales.
La historia que nos lleva a la cuarta ola Para entender la cuarta ola es necesario entender las olas anteriores y sus orígenes. Muchas de las modalidades y transformaciones que vemos hoy son producto de la cosecha de semillas que se sembraron hace muchos años en Estados Unidos y que se han sofisticado con las lecciones aprendidas y adaptaciones criollas en el terreno.
En cada ola, el crimen organizado transnacional y los poderes que crecen a su alrededor se adaptan a un mundo cambiante como «un virus entre sombras», como lo describe en uno de sus libros Pablo Zeballos (2024). Esas mutaciones silenciosas y casi invisibles casi nunca son entendidas en su momento y crecen como un cáncer hasta que, en el mundo actual, toman control de los cadáveres de Estados con autoridad minada y en los que la brecha entre el poder formal y las expectativas democráticas de los ciudadanos es casi irreconciliable. Además del tráfico de armas, entre los fenómenos más letales que nacieron en Estados Unidos y fueron exportados a América Latina se destaca la llegada de la mara Salvatrucha (MS-13) y otras pandillas a Centroamérica. Estas bandas fueron formadas en las cárceles de Los Ángeles, California, como respuesta a las pandillas mexicanas que controlaban los recintos penitenciarios y fueron trasplantadas (repatriadas a la fuerza) a Centroamérica en los años noventa (Arana, 2005). Conocidos internacionalmente por su extrema violencia, extorsiones y sicariato, las pandillas, por diferentes rumbos y en diferentes países, pasaron de ser bandas juveniles a ser un grupo responsable de miles de muertes violentas y el caos en vecindarios, que negocian con el Estado como fuerza real. En las negociaciones para consolidar un pacto con el gobierno de Nayib Bukele, la mara pasó a negociar directamente con funcionarios del más alto nivel —en ciertos momentos con el mismo presidente— y reconfigurarse, como un apoyo político-militar importante para el creciente autoritarismo del mandatario salvadoreño (Sanz y Martínez, 2023). En Honduras, con el paso del tiempo, la MS-13 tomó otro rumbo, pero nunca separado totalmente de sus correligionarios de El Salvador. En vez de pactar con el gobierno de turno, se enfocaron en convertirse en un eslabón vital entre grupos productores de cocaína en Colombia y Venezuela, y los cárteles mexicanos encargados de mover el producto hacia Estados Unidos. En el momento actual, los grupos de crimen organizado transnacional —incluidos los actores extrarregionales que operan con una audacia renovada— están respondiendo a las oportunidades emergentes como verdaderos agentes económicamente racionales, adaptándose con rapidez y eficacia a los cambios en las economías ilícitas en todas sus manifestaciones. Esta capacidad de adaptación les permite no solo sobrevivir, sino expandirse en contextos de debilidad estatal y desregulación global (Farah, 2024).
Estructuras híbridas: Entre pandillas y cárteles Una de las evoluciones más visibles de la cuarta ola es el surgimiento crecimiento de grupos y estructuras que operan en el espacio entre los grandes cárteles de drogas y otros grupos que operan a nivel global y las pandillas con un control local de poco alcance. Como parte de la cuarta ola, grupos tradicionalmente catalogados como locales o regionales (la MS-13 en el triángulo norte de Centroamérica, el Primeiro Comando da Capital en Brasil, Los Lobos y Los Choneros de Ecuador) toman un papel más estratégico. Son los operadores en tierra, con raíces profundas en las comunidades y también con una larga experiencia en los territorios estratégicos de cómo opera la policía, cómo funciona la aduana y dónde están los puntos ciegos para cruzar el producto que tiene que llegar al mercado. Estos grupos, que en estudios pasados denominamos community embedded transnational armed groups (grupos armados transnacionales arraigados en las comunidades) (Farah y Richardson, 2022), son eslabones críticos de control territorial estratégico —que conlleva una capacidad militar para enfrentar a fuerzas del Estado y defenderse contra grupos competitivos— y de poder político a nivel subnacional. Estos grupos ahora son componentes esenciales de nuevas alianzas «poliamorosas», fluidas y oportunistas, que ofrecen sus servicios de control territorial para mover cualquier bien en las crecientes economías de los mercados ilícitos. Si un cártel internacional o extrarregional quiere mover cocaína, oro ilegal, armas o migrantes, los grupos locales operan como policías de tránsito, moviendo los productos en una forma ordenada de un punto al otro. Estos grupos intermediarios obtienen su valor por los servicios que cada actor puede ofrecer —protección, rutas, armamento o impunidad— y son uno de los factores principales detrás del aumento dramático de la violencia en varios países de la región, debido a que muchos de estos conflictos y masacres giran en torno al control territorial, la moneda más valiosa de estos grupos. Por ejemplo, el cártel Jalisco Nueva Generación de México no tiene la capacidad logística ni militar para mover una tonelada de cocaína de Colombia a puerto Cortés, en Honduras, y de ahí a México para que el cártel tome control del cargamento. En este caso, los subcontratistas son de la MS-13, que ofrece ese servicio a un costo relativamente bajo. El cártel Jalisco Nueva Generación puede MS-13 no solo controla el acceso al puerto y las rutas hacia México, sino también el mercado nacional de narcomenudeo, que genera enormes recursos. Hay otra ventaja. En el sector de San Pedro Sula y la costa del Atlántico norte, la MS-13 cultiva coca en plantaciones y la convierte en cocaína en sus propios laboratorios, para su venta directa a cárteles internacionales, a precios más bajos que la droga de América del Sur. Ahora son una especie de cartelito propio en Honduras, con cadenas de producción de la hoja hasta el polvo blanco, que mantiene acuerdos tácitos con los cárteles más poderosos y maximiza sus ingresos (Farah y Richardson, 2022). En El Salvador, la MS-13 optó por otra ruta al poder, debido a que el país es una ruta menor del narcotráfico. La pandilla tenía una presencia a nivel nacional y una capacidad, desarrollada y aprendida a través del tiempo, de convertir su control territorial en votos al mejor postor en elecciones presidenciales, municipales y legislativas (Farah y Babineau, 2018). Ese proceso culminó con la elección de Nayib Bukele en 2019, que prometía poner fin a la corrupción y controlar las migraciones irregulares hacia Estados Unidos. Como ejecutores de su plan de Control Territorial, basado en la policía y la oficina presidencial de Tejido Social, Bukele escogió oficiales con vínculos estrechos con la MS-13 y otros grupos más pequeños. Como contraprestación del gobierno al acuerdo de apoyo de la MS13 en periodos electorales y para bajar la tasa de homicidios, Bukele prometió no extraditar a Estados Unidos a los ranfleros o líderes de la MS-13 pedidos por la justicia norteamericana. Incluso, los oficiales llegaron al extremo de escoltar personalmente a los líderes más buscados para cruzar la frontera a Guatemala y así escaparse de la amenaza de ser llevados a Nueva York (El Faro English, 2022).
A pesar de esas maniobras, nueve ranfleros fueron capturados por el Federal Bureau of Investigation y, como parte de su negociación con la administración Trump para mandar migrantes irregulares a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, Bukele pidió su extradición para seguir protegiéndolos en territorio salvadoreño (Miller y Rotella, 2025). Otra parte del pacto era canalizar fondos del gobierno, provenientes de programas de desarrollo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, a las comunidades controladas por la MS-13 y así reemplazar las ganancias de la banda, que se comprometió a dejar la extorsión masiva como fuente principal de ingresos (Miller y Rotella, 2025). En Ecuador, la pelea territorial entre Los Choneros y Los Lobos es un factor fundamental en el auge de homicidios y violencia, centrado en el puerto de Guayaquil, pero que se extiende a la frontera con Colombia y las regiones amazónicas de minería ilegal de oro. Principalmente responden a los intereses de los cárteles mexicanos, como el cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación, porque Guayaquil, Manta y la costa norte del país son grandes centros de acopio de la bonanza de coca que se produce hoy en Colombia. Tienen la ventaja adicional de estar cerca del canal de Panamá y contar con fácil acceso a ambos mares, con una costa con poca vigilancia del Estado (Dubé, 2025).
Otras innovaciones Para estos grupos intermedios, la evolución de ser una banda callejera a tener un poder consolidado ha pasado por su alta capacidad de renovación y adaptación, a veces con aun más agilidad que los grandes grupos de crimen organizado transnacional del continente. Para eso, estos grupos dependen cada vez más del reclutamiento de jóvenes innovadores, creativos y con poca fe en la posibilidad de tener una vida digna dentro del Estado formal. Con el crecimiento del poder y los recursos de los grupos de crimen organizado transnacional y sus aliados menores con control territorial específico, jóvenes de la generación ni-ni («ni estudiando ni trabajando») —un fenómeno exacerbado por la pandemia de covid-19 y sus consecuencias— tienen pocas opciones dentro del sistema de empleo Hoy estamos atravesando una de las transformaciones más profundas, rápidas y estructurales en las múltiples dimensiones del crimen organizado transnacional y de las economías ilícitas asociadas. formal o de acceder a una educación que permitiría aspirar a trabajos de cuello blanco (Salazar-Xirinachs, 2012). La tasa de desempleo oficial del 15 % para jóvenes de entre quince y veinticuatro años en América Latina, pero que en realidad está más cerca del 60 %, los convierte en objetivos fáciles de reclutar por muchas organizaciones que ofrecen mejores sueldos, posibilidades profesionales y acceso a estructuras de poder real. Esa oferta del sector informal, muchas veces vinculado al crimen organizado, es la opción más racional para muchos jóvenes que no ven otro camino hacia el futuro (OIT Noticias, 2025). La irrupción de una cultura joven ha revolucionado los grupos criminales en sus territorios, especialmente en el manejo de redes sociales, otras formas de transferir valor fuera del sistema bancario formal. Hoy, el Primeiro Comando da Capital en Brasil maneja miles de páginas de Facebook y miles de cuentas en las redes sociales para reclutar nuevos elementos y presentarse como un poder paralelo al Estado. Tiene su propio estilo de música conocido como funk proibidão, que se escucha en todas las favelas de los centros urbanos del país. Los mensajes que emiten por las redes no están escondidos, son directos, muestran armas, motocicletas y mujeres semidesnudas bailando su música, y ofrecen esa vida a otros jóvenes. Entre sus influencers más grandes está MC Dinho de VP, que tiene más de un millón de seguidores en sus redes sociales y siempre muestra los símbolos del Primeiro Comando da Capital, como el payaso sonriendo y los números 15-3-3, que los representa. Además, tiene canales en YouTube, Spotify, Pandora, Apple Music, Amazon e iHeart Radio, más medios como Facebook, Instagram y X (Farah y Richardson, 2022). En República Dominicana existe un fenómeno parecido. Raperos como Rochy RD de la pandilla Los Trinitarios, que tiene cientos de miles de seguidores en sus cuentas de Instagram y X, y otros influencers de freestyle rap cantan alabanzas a la pandilla e incluyen la adoración a diferentes dioses de la santería, la repetición del número tres como símbolo del grupo y señales de mano para mandar mensajes a sus correligionarios (Farah, Gamarra y Zeballos, 2025). Lo que tienen en común todos los grupos estudiados es que se ofrecen abiertamente como una alternativa a una vida cotidiana, con un trabajo normal y sin la posibilidad de avanzar económicamente. Las posibilidades que ofrece una vida vinculada al crimen organizado transnacional estarían llenas de mujeres bellas, metralletas, motocicletas, cadenas de oro y la protección de santos de su devoción. En El Salvador y Honduras, la MS-13 ha utilizado una herramienta tradicionalmente de los Estados o empresas: becas para sus mejores elementos para estudiar Derecho, Contabilidad y el mundo cibernético. Desde hace más de una década, el grupo ha escogido a sus mejores elementos para mandarlos a la universidad a estudiar o para entrar en las academias militares o policiales, incorporarse a las filas de las fuerzas públicas, estudiar cómo operan e infiltrarse en los diferentes cuerpos (Farah y Phillips Lum, 2013). Un fenómeno poco estudiado es la creciente sofisticación de las formas de blanquear capitales de estos grupos, que normalmente fueron considerados como elementos sin mayor sofisticación para hacerlo y que ahora legalizan millones de dólares a través estructuras en paraísos fiscales, criptomonedas y el sistema financiero global. El uso de criptomonedas, especialmente por parte de grupos que operan en El Salvador, donde Bukele intenta crear el primer Estado a nivel mundial basado en bitcoins, es una innovación que probablemente tenga ramificaciones importantes en el futuro próximo (Farah y Richardson, 2023).
El Estado pierde legitimidad ante la cuarta ola La cuarta ola no se define exclusivamente por la violencia, aunque sigue siendo una manifestación recurrente, especialmente durante las disputas por el control de territorios estratégicos entre grupos locales al servicio del crimen organizado transnacional. Su amenaza más profunda no radica únicamente en la letalidad de sus armas, sino en su capacidad para establecer lógicas de gobernanza paralela, ejercer control territorial, penetrar instituciones y sustituir funciones propias del Estado. Esta compleja realidad en muchos territorios del hemisferio tiene un efecto doblemente corrosivo: por un lado, deslegitima al Estado, al evidenciar su incapacidad para enfrentar eficazmente al crimen transnacional; por otro, legitima a los grupos criminales, quienes logran posicionarse como proveedores alternativos de seguridad, empleo e incluso formas rudimentarias de justicia, muchas veces con mayor eficiencia y presencia que el Estado mismo. Se trata de una forma de poder que opera desde los márgenes, pero que influye de forma directa en el centro de la vida política, económica y social de nuestros países. Esta estrategia es frecuentemente facilitada por la complicidad activa o pasiva de las redes políticas dentro del propio aparato estatal. Las causas de esta crisis de legitimidad estatal frente a grupos con capacidad de gobernanza criminal son múltiples y complejas, y se han profundizado en el periodo posterior a la pandemia. Como advierte la académica chilena Lucía Dammert, un factor central es: La presencia de un Estado ambivalente, es decir, un Estado que está presente pero cuya existencia no necesariamente significa capacidad de acción, de agencia o necesario compromiso con este escenario, el Estado está presente, pero su presencia se manifiesta de manera fragmentada y con distintos grados de eficacia (2025: 172).
Como resultado de años de fragilidad institucional, abusos, corrupción e incapacidad por parte de amplios sectores del poder formal, hoy existen zonas geográficas de América Latina, con poblaciones significativas, en donde la ciudadanía prefiere convivir con la criminalidad antes que con el Estado. En estos territorios, documentados a través de trabajo de campo que hemos realizado en Honduras, Perú, Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador y Costa Rica, la población percibe a las bandas criminales como el «mal menor», una opción más pragmática —y a veces más efectiva— para garantizar su supervivencia cotidiana. Como apuntamos, en sectores de Honduras, por ejemplo, es común escuchar a vecinos referirse a la MS-13 —una de las pandillas más violentas del hemisferio— como la «mara buena». Este fenómeno se repite en áreas bajo control del Primeiro Comando da Capital en Brasil y Paraguay, en zonas dominadas por Los Lobos en Ecuador y en otros enclaves donde las organizaciones criminales han sustituido al Estado como actores de referencia para el orden y la protección. Esta aparente paradoja se explica, en muchos casos, por la presencia sostenida de los grupos criminales frente a la ausencia o abandono estatal. Las bandas imponen reglas, resuelven conflictos —aunque sea mediante una justicia rudimentaria y violenta— y ofrecen una forma de protección a cambio de «impuestos de guerra» o «la renta», que son extraídos directamente de las comunidades (Farah y Richardson, 2022). En algunos contextos, esta protección incluye incluso la defensa frente a otros grupos criminales o frente a la propia policía, percibida como una amenaza igual o mayor. Se trata de factor común y cada vez más evidente en las fronteras, que se han convertido, en la práctica, en un tercer país dentro de dos países. Lo que demuestra el trabajo de campo realizado en varios países es que la percepción de los sistemas de gobernanza ofrecidos por los grupos criminales es que son más ágiles, más justos y más transparentes que los sistemas del Estado. En julio de 2024, en una entrevista en Quito, Ecuador, en la zona de Los Lobos, un taxista contó cómo funciona el sistema donde vive él y su familia: pagan semanalmente una cuota de veinte dólares americanos al jefe de Los Lobos para recibir protección y seguridad. Cuando robaron su taxi, reportó el incidente al jefe de Los Lobos, no a la policía, y en unas horas tenía de vuelta su vehículo. «Yo pago impuestos y la policía solo roba, no hace nada», comentó el chofer, «pero Los Lobos, si uno paga, uno tiene resultados. Mira cómo resolvieron mi situación. La policía no hubiera tenido nada y pide dinero todos los días. Por eso prefiero a Los Lobos».
La paradoja del norte como origen del flujo letal Desde hace más de cincuenta años, cuando comenzó la producción masiva de drogas ilegales en América Latina, con un mercado de consumo enorme en Estados Unidos, ha existido un debate sobre la corresponsabilidad de productores y consumidores en la búsqueda de soluciones. Con los recursos y el poderío militar de las múltiples administraciones en Washington, la solución buscada por Estados Unidos se basa en cortar el flujo de productos a mercados lucrativos, lo que contradice toda lógica del sistema capitalista que funciona en más de la mitad del mundo y subestima la capacidad, creatividad y violencia de los grupos criminales para mantener el negocio. Ha habido intentos de abrazar un lenguaje de responsabilidad compartida entre productores y consumidores, especialmente durante las administraciones de Barack Obama (2009-2017), pero con pocos resultados duraderos. Aún más ausente en la discusión ha sido la responsabilidad unilateral del flujo de armas del norte al sur. Como el flujo de drogas, hay un mercado de fácil acceso a un producto que se vende caro en otro mercado lejano. Pero las consecuencias, pocas veces exploradas en el debate dentro de Estados Unidos, son los miles de muertos en los países productores, debido a ese flujo letal. La evolución del uso de armas por parte de grupos de crimen organizado transnacional es evidente. En los años de Pablo Escobar, eran pistolas bañadas en oro y viejos rifles Galil robados al ejército de Colombia. En Centroamérica, la MS-13 comenzó robando con navajas, machetes y pistolas hechizas. Los cárteles mexicanos también utilizaban armas de la Segunda Guerra Mundial cuando protegían sus cultivos originales de mata y cargamentos de cocaína. Hoy es posible ver, en YouTube y redes sociales, al cártel Jalisco Nueva Generación con carros blindados, metralletas calibre 0,50, lanzagranadas y rifles antiaéreos para francotiradores. La MS-13, el Primeiro Comando da Capital, Los Trinitarios y decenas de otros grupos usan los Como resultado de años de fragilidad institucional, abusos, corrupción e incapacidad por parte de amplios sectores del poder formal, hoy existen zonas geográficas de América Latina, con poblaciones significativas, en donde la ciudadanía prefiere convivir con la criminalidad antes que con el Estado. mismos medios para mostrar abiertamente sus arsenales, que muchas veces sobrepasan en capacidad y sofisticación a las armas del Estado. Dentro de las múltiples contradicciones, la paradoja más grande es que esta realidad existe porque la misma «guerra contra las drogas», que pretendía acabar con esas estructuras, durante décadas ha entregado los instrumentos que llevan su fracaso. Las armas en manos de grupos de crimen organizado transnacional, bien entrenados y mejor equipados que los Estados que los enfrentan, son las herramientas más poderosas colapso de los Estados. Las armas pasan casi sin impedimento u obstáculo, del norte al sur, dejando un río de muertos, violencia, secuestro y tortura de tal envergadura que es imposible medir el costo real. Es cierto que los que manejan las armas son los responsables de su uso y abuso, pero también es cierto que los que hacen posible que esos grupos adquieran las armas son corresponsables de los hechos que siguen.
Referencias Arana, Ana (2005). «How the street gangs took Central America». Foreign Affairs. Disponible en https://tipg.link/oLMa. Dammert, Lucía (2025). «Desafíos de seguridad para la política exterior de América Latina», Política Exterior, 39 (225): 138-155. Dubé, Ryan (2025). «Mexico’s cartels are exporting their bloody rivalry to Ecuador and beyond». The Wall Street Journal. Disponible en https://tipg.link/oLaR. Ebsco (2025). «Gun show loophole». Ebsco.com. Disponible en https:// tipg.link/oLF_. El Faro English (2022). «Government negotiator with gangs aided in transnational jailbreak». El Faro. Disponible en https://tipg.link/ oLV1. Farah, Douglas (2024). Fourth transnational criminal wave: New extra regional actors and shifting markets transform Latin America’s illicit economies and transnational organized crime alliances. Miami: Florida International University. Disponible en https://tipg.link/n_SP. Farah, Douglas y Kathryn Babineau (2018). The rapid evolution of the MS-13 in El Salvador and Honduras from gang to tier-one threat to Central America and U.S. security interests. Washington: William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies. Disponible en https://tipg.link/oLY2. Farah, Douglas y Pamela Phillips Lum (2013). «Central American gangs and transnational criminal organizations: The changing relationships in a time of turmoil». IBI Consultants. Disponible en https:// tipg.link/oSDO. Farah, Douglas y Marianne Richardson (2022). Gangs no longer: Reassessing transnational armed groups in the western hemisphere. Washington: National Defense University Press.
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Sascha Hannig Núñez
Periodista y analista internacional. Secretaria ejecutiva e investigadora del Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam).
La tecnología ha tomado un rol central en la discusión de las políticas públicas. Desde el desarrollo de comunidades hasta su uso para velar por la eficiencia y transparencia en procesos políticos, la innovación es —para muchos— lo que marca hoy la diferencia en el desarrollo de los países. Organizaciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han llamado a que la transformación digital sea parte del diseño integral de los gobiernos. Por ejemplo, ha recomendado a los Estados considerar dónde se alojarán los datos, cómo se desarrollarán ecosistemas digitales o qué plataformas encontrarán los ciudadanos cuando desarrollen nuevas iniciativas (OCDE, 2020). La innovación tiene como objetivo central crear valor y generar soluciones. De ahí que problemáticas de seguridad globales, como la lucha contra grupos criminales, sean abordadas por creadores y expertos. La inteligencia artificial, por ejemplo, es utilizada cada vez más en procesos de predicción del crimen, chequeo de rostros o procesos aduaneros (Jambeiro Filho, Lacerda Coutinho y Morgero, 2024). Sin embargo, la protección de los ciudadanos o el control de sistemas para asegurar la integridad física de las personas, en muchas ocasiones, enfrenta dilemas éticos, ya que son medidas que rozan el control social (Hannig Núñez, 2019) o son directamente excusas de los gobiernos para ampliar sus poderes autoritarios, por lo que se habla de una dicotomía entre seguridad y libertad, donde las personas entregan al Estado las facultades para monitorear la actividad de los ciudadanos en general (Frescura Toloza, 2020). En esa misma línea, países autoritarios han aprovechado esta inercia narrativa para empujar una idea clave: las democracias son débiles para enfrentar desafíos de seguridad, y son los poderes que desafían el orden internacional liberal, en la forma de China, Rusia u otros aliados en grupos como el Brics, los que ofrecen soluciones de política pública, tecnología y herramientas para proteger a los ciudadanos. Sin ir más allá, el sistema de identificación venezolano o carnet de la patria, fuertemente controlado por el régimen chavista, está provisto por la empresa china ZTE (Berwick, 2018) y varios sistemas de vigilancia en la región tienen lazos con Cuba, Rusia y, por supuesto, Beijing. América Latina enfrenta un desafío de digitalización y desarrollo económico, pero es además una región opacada por dilemas de crimen organizado, narcotráfico, inseguridad y el auge de regímenes autoritarios. Los ciudadanos en las democracias regionales han tendido, en respuesta a la inseguridad, a buscar líderes que respondan a las necesidades de protección de la integridad física y material de las personas. De ahí que líderes como Nayib Bukele hayan amasado altos niveles de aprobación en los últimos años presentando ofertas —a menudo llamadas populistas— que responden a la sensación de falta de respuestas por parte de sus Estados (Avelar, 2025). En consecuencia, la relación de los latinoamericanos con las nuevas tecnologías debe mirarse desde un ángulo muy crítico y tomando en consideración factores multidisciplinarios. Por un lado, la región necesita adaptarse, adquirir innovación y avanzar en sus sistemas para aprovechar las oportunidades para el desarrollo y la construcción de sociedades más seguras. Por otro lado, ya que estos países no son, por lo general, la cuna de estas herramientas, la transferencia de tecnología es una necesidad que prácticamente todos los gobiernos deben considerar cuando proponen transformaciones digitales, integración de innovación o renovación de sistemas (Hannig Núñez, 2025). Las llamadas transferencias tecnológicas son procesos mediante los cuales países productores de tecnología difunden su innovación a través de la frontera, ya sea a nivel de consumidores individuales o con contratos de alcance nacional y regional. El concepto abarca muchísimo, desde patentes y programas computacionales hasta grandes obras de infraestructura tecnológica, como las redes de telecomunicaciones. Sin embargo, normalmente se tratan bajo un mismo marco de análisis. El país creador de tecnología facilita que el receptor utilice su sistema, y lo hace ya que espera un retorno económico, poderío sobre las redes (pues tiene monopolio sobre sus propios sistemas), un aumento en su reputación o directamente la expansión de su poder geopolítico (Van Zwanenberg, Ely y Smith, 2013). Considerando todo lo anterior, este apartado analiza cómo la importación de tecnología reconfigura las dinámicas de poder en América Latina. En la primera parte se contextualiza el rol histórico de la región como importadora tecnológica, se exploran los cambios que dichas importaciones generan a nivel doméstico, regional y global, y se ilustran estas transformaciones con casos concretos. En la segunda parte, se examina la correlación entre opinión pública y políticas de seguridad, discuten las implicaciones geopolíticas y normativas de este proceso. El argumento central de este apartado es que la transferencia tecnológica es una necesidad para América Latina que debe enfrentarse sin ingenuidad sobre las posibles consecuencias políticas que tiene y que evidentemente la clave no está en renunciar a la seguridad o a las libertades, sino en demostrar que las democracias pueden —y deben— ofrecer ambas a sus ciudadanos.
El dilema tecnológico latinoamericano La tecnología es necesaria para el desarrollo. A través de la historia, las sociedades se han adaptado, evolucionado y creado valor en torno al ingenio y las herramientas con las que han moldeado su entorno y amasado poder para ponerse a la cabeza de la carrera civilizatoria (Reese, 2018). Es en este sentido que el mundo se divide entre creadores o difusores de tecnología y aquellos que la adaptan o que simplemente quedan rezagados. La lógica ha sido recurrente: importar para modernizar, a menudo sin el desarrollo paralelo de una capacidad robusta de innovación local.
Los países de América Latina son considerados adoptadores tempranos de los productos y servicios de estos creadores de tecnología.1 En otras palabras, históricamente han ocupado un rol periférico en la economía global de la innovación —con algunos intentos de contrarrestar esta tendencia, como la ola de políticas de sustitución de importaciones del siglo XX, que tuvo resultados subóptimos—, pero se han posicionado como álgidos consumidores y pioneros incluso en regulaciones que faciliten la difusión y legislación de estos productos (Brian Nougrères, 2016). Por ejemplo, los datos personales se han regulado en Argentina desde el 2000 y en Chile desde 1999, con la Ley 19628 sobre Protección de la Vida Privada. Además de esto, conceptos como habeas data están directamente conectados con instituciones regionales como la Organización de los Estados Americanos (Department of International Law, s/f). Es en ese contexto que la región ha dependido en gran medida de la importación de tecnologías desarrolladas en otros polos —primero Europa y Estados Unidos, luego Japón y Corea, y más recientemente China—. Esta dependencia no es nueva, desde los ferrocarriles del siglo XIX hasta las actuales redes 5G, la región ha adoptado tecnologías extranjeras como parte de su modernización y su inserción en la economía mundial (Suárez y Yoguel, 2020). La creciente digitalización y el protagonismo de infraestructuras críticas —como cables submarinos, sistemas de vigilancia y centros de datos— han hecho de la importación tecnológica un asunto estratégico. No se trata solo de eficiencia o modernización, sino de soberanía, autonomía y la capacidad de definir las reglas del juego de la relación entre ciudadanos, gobiernos y potencias extranjeras. Esto da pie a la idea difundida de que la infraestructura que es provista por actores públicos y privados extranjeros va en detrimento de la innovación local y causa —en algunos casos— pérdida de soberanía en temas como los datos personales alojados en territorios foráneos. Recientemente, Chile volvió al centro de la polémica debido al anuncio de un cable submarino entre China y las costas chilenas (Badal y Marusic, 1 Se utiliza como referencia la teoría de Everett Rogers (1983) de la difusión de las innovaciones, que separa a los adoptadores tempranos de la tecnología de los mainstream o la masa, y luego de los rezagados.
La innovación tiene como objetivo central crear valor y generar soluciones. De ahí que problemáticas de seguridad globales, como la lucha contra grupos criminales, sean abordadas por creadores y expertos. 2025) debido a las potenciales consideraciones de seguridad de datos que esto conllevaría (El Mostrador, 2025). Algo similar ocurrió en el caso de la instalación de una base de observación espacial en Neuquén (Argentina), un proyecto de astronomía en el norte de Chile y la implementación de sistemas de vigilancia chinos en países como México o Ecuador. Esto no siempre es cierto o no aplica de igual manera a todos los proveedores de tecnología. En el caso de China, el principal problema es cómo las leyes de seguridad doméstica les permiten el dominio sobre datos acumulados en el extranjero (Creemers, Webster y Triolo, 2018). Más allá de eso, la realidad es que muchos países no cuentan con la disponibilidad de recursos, tiempo, capacidad o infraestructura para crear sus propias tecnologías y competir con actores consolidados, mientras que el acceso a muchas de estas tecnologías es cada vez más una necesidad.
El concepto ventaja del retraso, acuñado por Gerschenkron en 1962, resulta especialmente útil para explicar este patrón. Países que no desarrollan tecnología propia pueden beneficiarse al adoptar innovaciones ya probadas y adaptarlas a sus necesidades (Gerschenkron, 1962). En América Latina, esto ha significado costos más bajos y acceso acelerado a herramientas que de otro modo habrían tardado décadas en consolidarse (Portugal-Perez, Reyes y Wilson, 2009). Por ejemplo, la incorporación de nuevas tecnologías al sector del transporte, muchas a través de proyectos impulsados por instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, ha contribuido al desarrollo mediante la generación de eficiencia, seguridad y una relación más armoniosa con el ambiente (Calatayud, Katz y Riobó, 2022). Sin embargo, esta ventaja viene acompañada de una vulnerabilidad estructural: la dependencia de proveedores externos que, en contextos de competencia geopolítica, pueden convertir la tecnología en instrumento de presión.
El dilema seguridad, democracia y libertad La importación de tecnologías enfrenta dos grandes dilemas éticos. El primero es el de la soberanía tecnológica, previamente mencionada, en un mundo donde no todos los Estados tienen capacidades productoras, pero todos los países tienen la necesidad de digitalización. El segundo dilema tiene que ver con el acceso a redes digitales, inteligencia artificial y sistemas de vigilancia. América Latina sufre social, económica y democráticamente debido al impacto de la violencia y el crimen. Un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (2024) estableció que el costo del crimen y otros gastos alcanzarían incluso al 3,5 % del producto interno bruto total de la región. En 2025, la región también fue catalogada como la más violenta del mundo, ya que concentra el 33 % de los asesinatos globales (DF Sud, 2025). En este contexto, el Banco Mundial recomendó a los países del bloque priorizar la seguridad como punto de discusión y acción en políticas públicas (Rivas Molina, 2025). Los datos van acompañados con sus gobiernos. Un reporte de Malamud y Núñez Castellano (2024) publicado por el Real Instituto Elcano lo ilustra bien. La sensación de inseguridad en América Latina afecta a más del 75 % de la población y, en países como Chile, esta sensación va acompañada de un incremento real en los crímenes violentos y ligados al crimen organizado. ¿Cómo se relaciona esto con la tecnología? A través de la percepción ciudadana sobre las garantías que los gobiernos debieran entregar a los ciudadanos y las herramientas que estos tienen para enfrentar este problema. Innovaciones para prevenir el crimen, como el reconocimiento facial, las cámaras de vigilancia o el monitoreo de la actividad en internet, se han convertido en caminos que algunos Estados toman para reducir estas preocupantes cifras. Por supuesto, su implementación es altamente controversial, especialmente en Estados autoritarios que utilizan estas mismas tecnologías para perseguir a opositores políticos o controlar protestas o el desorden público. En América Latina ocurre algo particular. Los datos de la World Values Survey (Haerpfer y otros, 2022) muestran que el 61 % de los encuestados globales aprueban que el gobierno use videovigilancia en espacios públicos. En América Latina, si bien el apoyo es alto (incluso sobre la media global en Colombia, Uruguay, Perú y Bolivia), es bajo en Chile y Venezuela. Sobre la recolección de datos sin consentimiento, más del 30 % de argentinos, bolivianos, ecuatorianos y guatemaltecos lo aprueba, mientras que en Chile, Uruguay y Brasil predomina el rechazo. Se podría decir que los países con experiencias autoritarias recientes desconfían más de la vigilancia estatal, mientras que los más afectados por la violencia tienden a apoyarla. Algo similar ocurre con la experiencia de El Salvador, donde las medidas de Bukele han tenido resonancia entre una población que hasta hace unos años enfrentaba una fuerte ola de violencia asociada a bandas criminales.
En este sentido, la tecnología se presenta como una herramienta para contribuir a solucionar un problema: la seguridad, que está directamente asociada a la pérdida de oportunidades económicas y la degeneración política. La pregunta que a menudo surge es ¿hasta qué punto garantizar la seguridad ciudadana y la modernización tecnológica implica sacrificar libertades individuales y principios democráticos? Este dilema, planteado en la literatura y en la práctica política, suele expresarse como una dicotomía inevitable: más seguridad requiere menos libertad (Kostka, Steinacker y Meckel, 2021), lo que se utiliza como argumento legitimador de políticas y adquisiciones tecnológicas. Así, cámaras de vigilancia, sistemas biométricos o inteligencia artificial aplicada a la predicción del delito se presentan como respuestas inevitables a amenazas contemporáneas. Esta narrativa, sin embargo, es ambivalente: puede significar la protección de los ciudadanos, pero también puede convertirse en una excusa para incrementar la capacidad coercitiva del Estado. En general, la resistencia a la implementación de este tipo de sistemas viene de la idea de que están asociados directamente a la pérdida de garantías democráticas. Es más, países como China o Rusia utilizan en sus narrativas conceptos como la debilidad o fragilidad democrática y la seguridad como punto central de sus políticas públicas y las oportunidades de desarrollo económico. Un reporte de Expediente Abierto y ProBox Venezuela (2025) retrata esto para el caso de los países latinoamericanos. En este estudio se revela que la estrategia narrativa de China empuja a hacer paralelismos entre seguridad y desarrollo, y muestra a los sistemas democráticos como incapaces de proveer ninguna de las dos cosas. El modelo chino, con un Estado autoritario y centralizado que busca el desarrollo económico y la seguridad, se contrapone a las democracias liberales, que son vistas como incapaces de enfrentar la crisis que presenta la región. En 2022, además, China lanzó un proyecto sobre el concepto de seguridad global que buscaba desarrollar una narrativa que le entregaba poder blando a este país por medio de una reputación en la que confluyen su identidad como productores de tecnología y su desarrollo económico. En este mismo sentido, la propuesta china busca contraponerse al modelo difundido por Occidente y sobre todo a la democracia internacional, que asocian con los Estados Unidos. En el ámbito de seguridad, siguen la idea de iniciativa global de cooperación y cooperan con las preocupaciones domésticas de sus países aliados. En otras palabras, buscan generar un sistema internacional y colectivo de cooperación que se contraponga a Occidente y que tenga como eje central la seguridad tanto en ámbitos tradicionales como no tradicionales —en los que entran las nuevas tecnologías— (Méndez-Coto y Vásquez Guzmán, 2025).
Para regiones como África, China ha abogado por contribuir directamente a la gobernanza, el diseño institucional, la academia y la transferencia de tecnología. En septiembre de 2025, se realizó el Foro de Desarrollo y Cooperación en Internet China-África, donde asistieron alrededor de «cuatrocientos representantes de gobiernos, universidades, centros de estudios y medios de comunicación de China y treinta y dos países africanos» (Xinhua, 2025a). En América Latina también se aborda este concepto. En 2025, Xi Jinping anunció su intención de que América Latina sea un socio central en su estrategia de seguridad global a través del foro China-Celac (Xinhua, 2025b). De esta manera, la narrativa antidemocrática de seguridad se cruza directamente con la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Con todo esto, la estrategia de difusión de la innovación para la seguridad en América Latina se centra en tres puntos clave: presentan como símbolos de progreso, como en el caso del ECU 911 en Ecuador o los sistemas de ciberseguridad. la capacidad de vivir sin miedo, algo que los países autoritarios pueden proveer. Por supuesto, dicha dicotomía es más una construcción narrativa, útil para regímenes autoritarios y ciertos sectores políticos, que una condición ineludible del desarrollo tecnológico. La seguridad es un recurso discursivo poderoso porque responde a un temor real: los altos niveles de violencia y criminalidad en la región. Sin embargo, este temor se instrumentaliza para justificar medidas que limitan derechos. Este marco es, en gran medida, una construcción que responde a los intereses de ciertos actores —tanto internos como externos— y no refleja la complejidad real del problema. En la práctica, las democracias pueden y deben diseñar estrategias que fortalezcan la seguridad de sus ciudadanos sin erosionar los principios de transparencia, participación y respeto a los derechos fundamentales.
Hoy, algunos gobiernos reproducen esa lógica al adoptar sistemas de inteligencia artificial para el monitoreo urbano o al importar tecnologías de vigilancia facial (Majerowicz y Henriques de Carvalho, 2024). Lo que a menudo se omite en este debate —especialmente en las narrativas de países autoritarios— es que las democracias consolidadas también han implementado tecnologías de seguridad sin necesidad de sacrificar libertades, siempre que existan marcos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esta tendencia se ha hecho aún más clara con los desafíos de seguridad doméstica e internacional en regiones como Europa. Por ejemplo, tanto en Londres (BBC, 2025) como en Beijing existe una enorme cantidad de cámaras de seguridad, pero pocas veces se considera el primero como un ejemplo de autoritarismo digital. Lo mismo ocurre con la tecnología de reconocimiento facial o con la implementación de tecnologías para prevenir hitos como ataques terroristas. Existe evidencia que conecta el monitoreo con inteligencia artificial con la prevención del crimen. En el monitoreo del control del crimen organizado, la aplicación de herramientas de predicción ha sido eficaz para generar resultados reales en el monitoreo de fronteras y tráfico de bienes, y podría además ser instrumental para disminuir la ilegalidad de las llamadas «herramientas no intrusivas» (Stratósfera, 2024). La Organización Mundial del Comercio, por ejemplo, ha emitido guías para asegurar la ciberseguridad y el respeto por el traspaso de información protegida, algo que preocupa a los países que adoptan estos sistemas (Organización Mundial del Comercio y Organización Mundial de Aduanas, 2023). La diferencia está, entonces, en las políticas adjuntas, en el uso que se técnico sino político; lo que define si una tecnología refuerza o erosiona regula. La supuesta dicotomía es, en realidad, una herramienta discursiva que beneficia a quienes buscan ampliar su control y, en gran medida, a regímenes autoritarios que buscan legitimar la expansión de mecanismos de vigilancia y control. Sin embargo, las democracias sí pueden generar entornos seguros sin sacrificar derechos fundamentales, siempre que cuenten con instituciones sólidas, transparencia y mecanismos de rendición de cuentas. Más aún, la verdadera amenaza para la región no La protección de los ciudadanos o el control de sistemas para asegurar la integridad física de las personas, en muchas ocasiones, enfrenta dilemas éticos, ya que son medidas que rozan el control social. radica en la incorporación de nuevas tecnologías en sí, sino en la ausencia de marcos regulatorios claros y en la instrumentalización política de la seguridad como justificación para limitar libertades. La democracia introduce un criterio esencial: la legitimidad de una política tecnológica no depende solo de su eficacia, sino también de su rendición de cuentas. Importar tecnología en clave democrática significa garantizar transparencia, regulación independiente y participación ciudadana.
Democracia y tecnología: Casos en América Latina La incorporación de inteligencia artificial en la seguridad pública representa una de las tendencias más visibles en algunas ciudades latinoamericanas. Gobiernos locales presentan estos sistemas como herramientas para anticipar delitos, reducir la carga de trabajo policial y optimizar la asignación de recursos. Recientemente, la embajada de China en Chile inauguró un proyecto de seguridad en el barrio Meiggs, con el objetivo de mejorar la sensación de seguridad (Rubio, 2025). La municipalidad de Santiago ya había cooperado con provincias chinas, como Lishui, en la difusión de tecnologías y equipamiento de seguridad (Baeza, 2019), como respuesta a la mencionada estrategia narrativa y de soft power por parte de Beijing. Ya que la seguridad fue un tema central en la campaña presidencial chilena de 2025, este tipo de hitos son también esenciales al evaluar la relación entre la seguridad y las garantías democráticas. La necesidad de entregar soluciones efectivas a la población le podría dar un incentivo a Chile para incorporar tecnologías de países autoritarios y de replicar sus narrativas. Recientemente, varios países latinoamericanos han explorado la adopción de algoritmos de inteligencia artificial para vigilancia predictiva y reconocimiento facial. En Brasil, varios municipios han experimentado con estos sistemas y, en este contexto, empresas locales compiten con actores internacionales como NEC (Japón) e Idemia (Francia). Algunos de estos sistemas (domésticos e internacionales) han sido cuestionados por sus sesgos y falta de transparencia, lo que muestra cómo la importación acrítica puede reproducir desigualdades locales (Bellanda, Medeiros y Ferraz, 2025). El caso del estado de Ceará fue paradigmático: un software identificó erróneamente al actor afroamericano Michael B. Jordan como sospechoso de un crimen, lo que evidencia cómo los sesgos algorítmicos reproducen y amplifican desigualdades raciales (EFE, 2022). En Colombia, la integración de inteligencia artificial en sistemas de cámaras urbanas en Bogotá y Medellín fue presentada como respuesta al crimen organizado. La implementación de algoritmos ha sido probada como efectiva para detectar nodos de criminalidad y ha abierto esta experiencia como un posible ejemplo para otros países de la región (Barragán-Huamán y otros, 2023). No obstante, la falta de supervisión independiente genera dudas sobre posibles usos abusivos contra manifestaciones sociales y disidencia política. En estos casos, la narrativa oficial insiste en que la inteligencia artificial es neutral y objetiva, cuando en realidad depende de los datos con que se entrena. Al reproducir sesgos históricos, la inteligencia artificial puede convertirse en un mecanismo de seguridad algorítmica opaca que erosiona la confianza ciudadana. En Argentina la situación es distinta. El Sistema Federal de Identificación Biométrica, implementado en 2011, centralizó millones de registros biométricos de la población. Sus principales proveedores fueron Idemia (Francia) y Datys (Cuba). Aunque el sistema fue presentado como una herramienta para combatir el crimen y agilizar la identificación ciudadana, en la práctica otorgó al Estado un poder desproporcionado sobre la identidad de los individuos (Hannig Núñez, 2025). Este sistema ejemplifica cómo una tecnología introducida bajo la promesa de seguridad puede consolidar estructuras de vigilancia que incluyen regímenes que no garantizan los mínimos democráticos y otorgan un fuerte poder a los gobiernos. La naturaleza de Argentina como un país federal también fomenta que los gobiernos regionales implementen sus propios sistemas de seguridad. Sobre este caso, también existe el proyecto de JSel en Jujuy, una iniciativa que incorporó tecnología de ZTE (los mismos que proveen a Venezuela de su sistema de identificación), y que está involucrada en la persecución de uigures en la región de Xinjiang, por lo que su patrocinio está indirectamente conectado a la violación sistemática de derechos humanos a nivel internacional (Vila Seoane y Álvarez Velasco, 2024). Uno de los ejemplos más notorios de la presencia china en la región es el sistema ECU 911 en Ecuador, con un valor de doscientos cuarenta millones de dólares y que está equipado con tecnología de Huawei y otras empresas chinas (Presidencia de la República del Ecuador, s/f). Aunque se presentó como un sistema de gestión de emergencias, en la práctica se consolidó como una infraestructura de vigilancia integral. El caso refleja la estrategia china de vincular seguridad con estabilidad política y ganar influencia regional mediante la provisión de tecnología barata y de rápida implementación. A cambio, Ecuador aceptó condiciones que limitaban su autonomía en la gestión de datos y consolidaban la presencia china en un sector sensible, lo que se suma a una lista de proyectos controversiales en el país en que los términos y condiciones de este tipo de contratos son desproporcionalmente favorables a China, como en la represa Coca-Codo Sinclair. Sin embargo, existen autores que consideran que esta postura es parcial, ya que se hicieron cambios a la tecnología de vigilancia ECU 911 que garantizarían su implementación adaptada a la realidad local (Álvarez-Velasco y Vila-Seoane, 2023). Además, otros argumentan que la seguridad en Ecuador es una necesidad que trasciende aquellos debates éticos y políticos, debido al rápido Por supuesto, el reconocimiento facial es una de esas tecnologías altamente sensibles debido a sus posibles consecuencias sociales y al poder que otorga a los gobiernos que acceden a estos sistemas, ya que les permite monitorear las actividades de los civiles y puede ser utilizada tanto para prevenir delitos como para perseguir a individuos. Es en este contexto que la narrativa difundida, las garantías institucionales y la opinión pública se vuelven relevantes, y donde existe evidencia de un discurso creciente e influenciado por actores autoritarios que se benefician de la indiferencia valórica sobre los proveedores tecnológicos. En palabras simples, está dentro de los intereses de un país que desea promover y difundir su tecnología que los Estados receptores sientan que existe una necesidad de seguridad que trasciende la responsabilidad democrática que tienen con la población, y es aún más complejo cuando esta narrativa es ampliamente apoyada por la población local. La narrativa proseguridad está acompañada de iniciativas concretas. Por ejemplo, el 19 de septiembre de 2025 se realizó en China el sexto Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina, que contó con autoridades militares de dieciocho países de la región, incluidos Venezuela, Brasil, Perú, Uruguay y Costa Rica, y tuvo como objetivo profundizar la cooperación en materias que incluyen la cooperación militar tradicional y la ciberseguridad para países de la región, bajo el marco China-Celac (Xinhua, 2025c). Esta y otras acciones responden a las intenciones de los países que enfrentan la hegemonía de Estados Unidos en esta materia, pero además moldean la perspectiva bajo la cual se entiende el concepto de seguridad doméstica e internacional.
Conclusiones y reflexiones finales La importación de tecnología a América Latina es mucho más que un asunto técnico o económico: es un proceso que reconfigura el poder en diferentes niveles y que está profundamente influenciado por narrativas políticas. Históricamente, la región ha ocupado un lugar periférico en la economía política global de la innovación. Los procesos de industrialización y modernización tecnológica han dependido, de forma reiterada, de la transferencia de conocimiento y equipamiento desde centros hegemónicos hacia la periferia. Este patrón histórico —que combina La importación de tecnología a América Latina es mucho más que un asunto técnico o económico: es un proceso que reconfigura el poder en diferentes niveles y que está profundamente influenciado por narrativas políticas. modernización dependiente y subordinación normativa— sigue vigente en la era digital. Desde los ferrocarriles decimonónicos hasta las redes 5G, la lógica ha sido la misma: importar para modernizar, pero sin consolidar una base interna de innovación sostenible. Uno de los principales aportes del análisis es la deconstrucción de la supuesta dicotomía entre seguridad y democracia. Lejos de ser un dilema técnico inevitable, esta oposición constituye una construcción narrativa utilizada por regímenes autoritarios y actores con intereses geopolíticos para justificar la expansión de mecanismos de vigilancia y control. La narrativa de que «la seguridad requiere sacrificar libertades» parte de un temor legítimo —la violencia y la criminalidad crecientes—, pero se transforma en una herramienta política para concentrar poder. elemento estructural de la vida cotidiana, esta narrativa ha encontrado un terreno fértil. Gobiernos de distintas orientaciones ideológicas han utilizado el discurso de la protección ciudadana para legitimar políticas de vigilancia masiva y control de datos. Sin embargo, como demuestra la evidencia empírica, el problema no reside en la tecnología en sí, sino en el modelo de gobernanza que la regula. En democracias consolidadas, las tecnologías de seguridad —cámaras, sistemas biométricos o inteligencia artificial— pueden coexistir con marcos de transparencia, control judicial y participación social. En esos casos, la seguridad no se opone a la democracia, sino que la fortalece al garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos sin miedo. El dilema entre seguridad, democracia y libertad es, en gran medida, una construcción que beneficia a quienes buscan justificar un uso autoritario de la tecnología. Las democracias latinoamericanas no deben aceptar esta dicotomía; por el contrario, tienen la responsabilidad de demostrar que es posible garantizar resultados en seguridad y bienestar respetando los derechos y fortaleciendo las instituciones. La importación de tecnologías de vigilancia, conectividad y control ha acelerado estas tensiones en la región. Desde las cámaras de reconocimiento facial de empresas chinas hasta las plataformas digitales de origen estadounidense o europeo, cada nuevo sistema tecnológico implica mucho más que la simple adopción de herramientas. Representa una transformación en la distribución del poder: entre el Estado y los ciudadanos, entre las élites políticas y la sociedad civil, entre países de la región, y entre América Latina y las grandes potencias. Por tanto, el dilema no es técnico, sino político. El verdadero desafío consiste en diseñar instituciones capaces de garantizar seguridad y libertad simultáneamente, evitando que la primera se convierta en un pretexto para la erosión de la segunda. Desde esta perspectiva, la defensa de la democracia requiere desmantelar las narrativas que la presentan como un obstáculo para la eficiencia o la estabilidad. La seguridad, entendida en clave democrática, debe ser vista como una obligación del Estado, no como un instrumento de coerción. La narrativa de que los países deben elegir entre seguridad y democracia ha sido ampliamente promovida por regímenes autoritarios. China, por ejemplo, presenta su modelo de seguridad con prosperidad como una alternativa frente a lo que describe como el caos de las democracias liberales. En América Latina, esta narrativa encuentra eco en gobiernos que justifican la adopción de tecnologías invasivas como un mal necesario para enfrentar el crimen o la inestabilidad política. De igual manera, el discurso de cooperación y desarrollo encubre, en muchos casos, mecanismos de condicionamiento estructural. La asistencia tecnológica se convierte en una herramienta de influencia política, y los países receptores terminan incorporando no solo hardware, sino también marcos normativos y narrativos que refuerzan la legitimidad de los proveedores. Frente a esta situación, América Latina debe desarrollar una diplomacia digital autónoma que reconozca la naturaleza política de la tecnología y actúe preventivamente frente a las tentaciones del alineamiento acrítico. Sin embargo, el dilema es engañoso. Las democracias pueden diseñar marcos regulatorios que garanticen seguridad sin sacrificar libertades. El verdadero desafío es institucional: crear mecanismos de control, transparencia y participación que permitan aprovechar las ventajas de la tecnología y prevenir abusos. El riesgo no proviene de la tecnología en sí, sino de las narrativas que legitiman su uso autoritario. La importación tecnológica no es una amenaza a la democracia, por definición, pero sí un campo de riesgo si no se gobierna adecuadamente. El dilema entre seguridad y libertad es, en última instancia, una dicotomía que responde a intereses específicos. Las democracias latinoamericanas tienen la capacidad —y la obligación— de demostrar que la seguridad puede ser garantizada sin recurrir al autoritarismo, y que la modernización tecnológica puede avanzar sin comprometer los principios de transparencia y participación. El futuro de la región dependerá de su habilidad para transformar la dependencia en capacidad crítica, la vulnerabilidad en oportunidad y la importación en apropiación. La verdadera soberanía tecnológica no consiste en aislarse del mundo, sino en decidir cómo integrarse a él de manera autónoma y ética. En esa tarea, América Latina puede erigirse no como mera receptora de tecnologías globales, sino como espacio de reflexión y experimentación sobre una modernidad democrática posible, en la que la seguridad se entienda como condición para el ejercicio de la libertad y la tecnología como un instrumento al servicio del bien común.
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Pablo Matamoros
Estratega en comunicación política, tecnología e inteligencia artificial. Director ejecutivo e investigador del Centro de Análisis para la Democracia (CAD Latam). Académico de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central.
radical en el siglo XXI, y con ella la manera de ejercer el poder. Las tecnologías digitales, los algoritmos y la inteligencia artificial han modificado la arquitectura del espacio público hasta volverla irreconocible. Allí donde antes existían mediaciones institucionales y circuitos relativamente estables de comunicación, hoy prevalece un flujo incesante de datos, imágenes y narrativas que circulan sin jerarquía aparente ni filtro confiable. La autoridad tradicional de los grandes medios y expertos se difumina: un rumor infundado en redes puede alcanzar la misma visibilidad que una noticia verificada. En este nuevo orden informativo, las democracias se encuentran sometidas a una presión inédita: deben sostener su legitimidad en un entorno donde la verdad se ha vuelto fluida y relativa —la llamada era de la posverdad—, la manipulación es cada vez más sofisticada y la influencia, global.
Del ágora a la burbuja: La fragmentación del debate ciudadano La metáfora arquitectónica resulta pertinente: las nuevas plazas del debate (redes sociales, foros en línea o plataformas multimedia) no son ágoras neutrales, sino espacios construidos deliberadamente con algoritmos y modelos de negocio que privilegian ciertos comportamientos. Este diseño digital tiende a fragmentar al público en nichos y cada usuario habita una suerte de burbuja informativa personalizada, distinta de la de sus conciudadanos. Los puntos de encuentro comunes se reducen, y con ello se erosiona el terreno compartido sobre el cual deliberar. En otras palabras, la infraestructura actual favorece la creación de cámaras de eco y silos de información aislados, lo que dificulta la construcción La economía de la atención y el ocaso del conocimiento El ideal democrático descansa en la premisa de una ciudadanía informada, capaz de discernir, deliberar y decidir colectivamente. Sin embargo, esa aspiración choca con un ecosistema de comunicación digital diseñado no para cultivar el conocimiento, sino para capturar la atención. En la llamada «economía de la atención», las plataformas optimizan sus algoritmos para maximizar el tiempo de consumo y la viralidad, no la calidad informativa. Estos algoritmos priorizan lo que conmueve o escandaliza, no necesariamente lo que esclarece. Así, la emoción tiende a desplazar al argumento, la reacción instantánea al análisis pausado y la apariencia verosímil a la evidencia veraz. No es de extrañar, entonces, que estudios hayan demostrado que en redes sociales como X las noticias falsas, al apelar más a la sorpresa y la emoción, se diseminan mucho más rápido y ampliamente que las noticias veraces. El resultado es una esfera pública que, aunque en apariencia más participativa por la multitud de voces, resulta menos racional y más vulnerable a la manipulación.
La propaganda 2.0: Control del discurso sin censura Este nuevo escenario ha sido explotado con notable eficacia por regímenes y movimientos autoritarios que comprenden que el control del discurso es tan decisivo como el control del territorio. En lugar de recurrir a la censura burda o a la represión directa, estos actores despliegan estrategias comunicacionales más sutiles y sofisticadas. Por ejemplo, crean medios oficiales que presentan su versión de los hechos como una alternativa legítima —equiparándola a la prensa independiente—, articulan redes de amplificación digital que replican y refuerzan sus mensajes en múltiples plataformas y movilizan un ejército de actores intermedios —influenciadores afines, portales de noticias aparentemente autónomos o comunidades en línea simpatizantes— que difunden su narrativa bajo la apariencia de espontaneidad. En vez de silenciar abiertamente a las voces disidentes, ahogan su alcance en un torrente de contenidos alineados con el discurso oficial.
Desinformación y propaganda: Las dos caras de la misma estrategia El poder de estas campañas radica en comprender el ecosistema informativo global como un espacio de competencia simbólica, una batalla por las percepciones. Su objetivo no es tanto imponer una ideología única, sino erosionar la confianza en las instituciones democráticas, relativizar la noción misma de verdad y presentar el pluralismo de opiniones como una fuente de desorden y debilidad. Mediante una combinación de propaganda estructurada y desinformación táctica, siembran la duda permanente y el desencanto hacia la política representativa. La desinformación indiscriminada confunde y desorienta; la propaganda, por su parte, proporciona un marco emocional para interpretar esa confusión en clave favorable al autoritarismo. Una refuerza a la otra: actúan como dos caras de una misma estrategia de influencia que se alimentan mutuamente para fracturar la percepción de la realidad compartida. La expansión activa de actores externos en la conversación pública latinoamericana ilustra cómo, en el entorno digital contemporáneo, las fronteras nacionales han perdido gran parte de su capacidad de contención. Narrativas provenientes de contextos lejanos logran insertarse y ganar tracción en sociedades distantes, aprovechando las conexiones digitales y las fisuras de confianza en las instituciones locales. Lo que antes requería complejas operaciones de inteligencia o estructuras mediáticas físicas, hoy se alcanza con una publicación viral, un video atractivo o una publicación en redes sociales. La distinción entre debate interno e injerencia externa se torna cada vez más difusa: un ciudadano puede recibir, sin saberlo, propaganda elaborada desde el otro lado del mundo junto con la información local en su dispositivo personal. Algunos actores han desarrollado ecosistemas propagandísticos sofisticados, adaptados a los lenguajes y hábitos de consumo del siglo XXI. Utilizan medios multilingües con apariencia periodística profesional para difundir narrativas favorables a sus intereses y diluir las críticas a sus modelos políticos. Aprovechan plataformas digitales de amplio uso para diseminar mensajes cuidadosamente adaptados a cada audiencia e incrementan su presencia en distintos idiomas y regiones a través de canales propios o acuerdos de contenido con medios locales. Esta estrategia suele combinar iniciativas de diplomacia pública, publicaciones patrocinadas, acuerdos de difusión con redes nacionales y operaciones de amplificación digital coordinada. Durante momentos de crisis global, como la pandemia, estas campañas han buscado instalar relatos que exaltan modelos autoritarios como más eficaces que las democracias liberales, a la vez que siembran dudas sobre las respuestas institucionales en contextos democráticos. Así, la propaganda no solo se difunde: también compite por desplazar o silenciar narrativas alternativas mediante su volumen y persistencia. De modo similar, otros entornos de influencia han consolidado redes de difusión que operan en varios idiomas y están diseñadas para posicionar una visión del mundo centrada en la deslegitimación de los sistemas democráticos, la exaltación de formas de poder centralizado y la producción deliberada de ambigüedad informativa. Estas plataformas no solo buscan atraer audiencias mediante mensajes sensacionalistas o disruptivos, sino que también procuran explotar tensiones sociales y políticas preexistentes. En regiones como América Latina, han logrado captar audiencias significativas y sus mensajes encuentran eco especialmente en sectores sociales que perciben las narrativas dominantes como relativa —la llamada era de la posverdad—, la manipulación es cada vez más sofisticada y la influencia, global.
ajenas o impuestas. Este tipo de estrategias logra influir en segmentos relevantes de la opinión pública, amplificando relatos que relativizan el valor de los principios democráticos y favorecen una visión más cínica, polarizada y fragmentada del orden político global. La propaganda tradicional se distingue conceptualmente de la desinformación en su propósito y alcance. La primera busca moldear las percepciones de la sociedad en su conjunto, orientando el pensamiento colectivo hacia una visión del mundo coherente con un proyecto político determinado; la segunda opera de forma más fragmentaria, introduciendo falsedades o distorsiones puntuales para minar la credibilidad de hechos específicos. Sin embargo, en la práctica ambas terminan entrelazándose. Las redes digitales permiten que la mentira aislada se integre rápidamente en un relato mayor: lo que comienza como una falsedad marginal, si es recogido y amplificado de forma coordinada, puede transformarse en poco tiempo en un hecho aceptado por un segmento amplio de la población, parte del sentido común compartido de un grupo.
La guerra informativa global Esta sinergia entre desinformación y propaganda sostiene lo que cabe denominar una auténtica guerra informativa. Es un conflicto sin fronteras definidas ni ejércitos visibles, en el que los arsenales son los algoritmos, las emociones y los relatos. Los regímenes autoritarios han hecho de la comunicación un campo estratégico de batalla y han desarrollado sofisticados ecosistemas de influencia transnacional que combinan medios de comunicación estatales, campañas en redes sociales, seudocentros de investigación (think tanks afines) y comunidades digitales coordinadas. A través de todos esos canales difunden narrativas que exaltan el orden frente al caos, la unidad frente a la diversidad y la eficacia frente al debate. En su discurso, la estabilidad impuesta por el autoritarismo se ofrece como remedio al supuesto desorden de las sociedades abiertas; la unanimidad, como virtud frente a la «división» del pluralismo; y la acción rápida de un poder centralizado, como antídoto a la deliberación «ineficiente» de las democracias. Las grandes plataformas digitales contribuyen a esta dinámica. Redes sociales de alcance global —como, por ejemplo, TikTok— ilustran la nueva etapa de la guerra informativa: sus algoritmos opacos tienden a amplificar contenidos en función de la carga emocional y la capacidad de retención del usuario, antes que de su veracidad o relevancia cívica. En contextos de alta polarización o de conflicto, como la guerra en Ucrania, este sesgo algorítmico facilita la diseminación veloz de bulos, teorías conspirativas y versiones abiertamente manipuladas de los hechos. Se han detectado incluso sesgos ideológicos y prácticas de censura selectiva dentro de TikTok, lo que agrava el problema, ya que la conversación pública termina estructurándose en torno a lo que el algoritmo decide mostrar y ese algoritmo dista de ser neutro.
El algoritmo como arma: Plataformas y poder digital El impacto de estas prácticas sobre las democracias es profundo y erosivo. El sistema representativo se sostiene sobre un delicado fundamento de confianza en el que las instituciones actúan conforme a reglas y leyes, la prensa fiscaliza al poder con independencia y los ciudadanos tienen acceso a información veraz para formarse juicio. Cuando esa confianza se resquebraja, todo el edificio democrático comienza a agrietarse. Las campañas de desinformación —sean promovidas desde el exterior por potencias extranjeras o dentro de los propios países por actores antidemocráticos locales— no siempre buscan derrocar gobiernos o manipular directamente una elección; a menudo su objetivo principal es más sutil: minar esa base intangible que permite que la convivencia democrática sea posible. Esa erosión informativa puede provenir tanto del exterior —potencias con agendas geopolíticas— como del interior, de actores políticos demagógicos o extremistas que explotan las redes para propagar falsedades y teorías conspirativas con fines de poder. Una sociedad desconfiada se vuelve maleable, impredecible y susceptible a la manipulación emocional. No hace falta lograr que las mayorías crean en una falsedad específica, basta con que no crean en nada con certeza para que queden a la deriva, dispuestas a aferrarse al relato más estridente o simple que se les ofrezca.
El salto de la inteligencia artificial: La fábrica automatizada de la falsedad En este contexto, la irrupción de la inteligencia artificial supone un salto cualitativo en las capacidades de manipulación informativa. Ya no se trata solo de amplificar mensajes engañosos existentes, sino de fabricarlos a una escala antes inimaginable. Los nuevos sistemas generativos de inteligencia artificial permiten producir textos, imágenes, voces simuladas o videos enteros que imitan la realidad con una fidelidad asombrosa. Un simple deepfake puede hacer que un político parezca decir o hacer algo que jamás ocurrió, borrando la frontera entre lo real y lo inventado. En 2022, por ejemplo, circuló un video manipulado que aparentaba mostrar al presidente ucraniano Volodímir Zelenski pidiendo a sus tropas que depusieran las armas ante Rusia; aunque aquella burda falsificación fue desenmascarada rápidamente, los expertos advirtieron que se trataba apenas de un preludio de engaños mucho más sofisticados por venir. La verificación de hechos se vuelve una carrera contra la máquina, frecuentemente perdida de antemano por la velocidad y volumen de la fabricación automatizada de falsedades. Paradójicamente, la propia inteligencia artificial brinda también herramientas defensivas y ya se están entrenando algoritmos para detectar los rasgos sutiles de textos o imágenes generados artificialmente y así identificar deepfakes o noticias falsas, pero por ahora la carrera entre creadores y detectores de engaños sigue siendo desigual. La desinformación deja así de ser una anomalía esporádica para convertirse en un rasgo estructural y omnipresente del entorno informativo. Paralelamente, la propaganda guiada por inteligencia artificial se automatiza y afina sin precedentes. Las mismas herramientas algorítmicas permiten segmentar a los públicos con enorme precisión, para adaptar el tono y el contenido del mensaje según las características de cada grupo e incluso de cada individuo, y reforzar sus creencias preexistentes mediante una retroalimentación constante. La microsegmentación psicográfica —basada en los datos masivos que los ciudadanos dejan al navegar— posibilita identificar las vulnerabilidades y preferencias de cada sector de la población para dirigirle justo el mensaje que más probabilidades tiene de influirle. La polémica de Cambridge Analytica en 2018 reveló crudamente ese potencial: esta compañía obtuvo datos de millones de perfiles de Facebook y construyó con ellos modelos para predecir las decisiones en las urnas e influir en ellas, explotando las debilidades internas de cada votante mediante anuncios políticos personalizados. Además, los sistemas de inteligencia artificial pueden probar en tiempo real la eficacia de diferentes enfoques propagandísticos y optimizar la narrativa sobre la marcha. En suma, la propaganda automatizada funciona como una maquinaria adaptativa que aprende de las reacciones que provoca e incrementa progresivamente su impacto persuasivo.
Efectos cognitivos y democráticos de la saturación informativa Las consecuencias cognitivas de este nuevo entorno son profundas. La avalancha constante de mensajes contradictorios, emocionales y personalizados termina erosionando la capacidad de juicio crítico del ciudadano medio. Cada vez más personas dejan de buscar información para El futuro democrático dependerá, en gran medida, de que las sociedades latinoamericanas gobiernen la tecnología sin renunciar a la libertad y protejan la verdad sin sacrificar la pluralidad. aprender cosas nuevas y contrastar puntos de vista y, en cambio, solo consumen aquello que confirma sus intuiciones o prejuicios previos. Impulsadas por algoritmos que les muestran más de lo mismo, se encierran en burbujas informativas afines, rodeadas únicamente de discursos con los que ya están de acuerdo. En lugar de deliberar abiertamente, la sociedad tiende a fragmentarse en tribus digitales que se reúnen por afinidad ideológica. La conversación pública degenera así en una sucesión de monólogos paralelos, en los que cada grupo habla solo consigo mismo. En ese ambiente compartimentado, la democracia pierde su condición esencial de encuentro fecundo entre diferencias y se transforma en una colisión constante de certezas aisladas. La proliferación de aplicaciones de mensajería privada —como WhatsApp o Telegram, de uso masivo en América Latina— agrava aún más este fenómeno, porque en esos ámbitos cerrados los rumores infundados y teorías conspirativas se difunden sin apenas posibilidad de réplica o verificación pública, lo que afianza comunidades enteras en torno a convicciones erróneas que difícilmente pueden refutarse desde fuera.
La fragmentación del flujo informativo no solo debilita la posibilidad de un consenso básico en la sociedad, sino que también está alterando la estructura misma del poder político. Los actores que logran dominar la infraestructura de la información —ya sean las grandes plataformas tecnológicas privadas o Estados con capacidad de injerencia digital global— adquieren una influencia desproporcionada sobre qué se ve, qué se discute y qué se considera verdad. Hoy, un puñado de corporaciones digitales transnacionales (redes sociales y motores de búsqueda) actúa de facto como nuevo editor del debate público, aplicando criterios opacos guiados por intereses comerciales o políticos, sin los contrapesos democráticos tradicionales. Los Estados democráticos, por su parte, se encuentran en una posición delicada y deben actuar con cautela para no vulnerar las libertades que, precisamente, les dan legitimidad. De esta tensión surge una asimetría estructural: mientras los sistemas autoritarios pueden concentrar y dirigir sin escrúpulos todos sus recursos comunicacionales hacia sus fines, las democracias se ven obligadas a equilibrar valores en conflicto —transparencia con seguridad, pluralismo con regulación, libertad con responsabilidad— a la hora de responder a las amenazas informativas. Esa asimetría se extiende al plano moral del discurso. La propaganda de los movimientos iliberales no necesita ser coherente ni consistente en sus principios; le basta con ser eficaz para sus objetivos. Puede apelar sin rubor, según le convenga, tanto a la retórica de la resistencia contra el poder establecido como al discurso del orden conservador; lo mismo invoca la justicia social en unos contextos, que el nacionalismo xenófobo en otros; reivindica la soberanía patria mientras se presenta a la vez como víctima de conspiraciones globales. Esta sorprendente capacidad de mutar el relato —incluso incurriendo en contradicciones flagrantes— es precisamente la fuente de su fuerza, una flexibilidad camaleónica que adapta el lenguaje a cada contexto cultural y político, y explota astutamente las tensiones y heridas internas de cada sociedad democrática para proyectar su influencia. Allí donde hay malestar, incertidumbre o desconfianza ciudadana, la propaganda iliberal encuentra un terreno fértil para echar raíces. La desinformación, en este marco, actúa como un catalizador emocional extremadamente eficaz. Su táctica es la saturación y el miedo. Al inundar el espacio público con un exceso de informaciones contradictorias, se genera en la ciudadanía una parálisis cognitiva: cuantas más versiones divergentes circulan sobre un mismo hecho, menos capacidad tiene el público de discernir qué es cierto. Este fenómeno, identificado como fatiga informativa, conduce al agotamiento y favorece indirectamente a los discursos autoritarios, que ofrecen certezas simples y soluciones inmediatas en medio del caos de datos. En muchos casos, además, la reacción de parte de la población frente al ruido ensordecedor es el retraimiento cínico y las personas optan por no creer en nada ni en nadie para no ser engañadas. Ese escepticismo generalizado, esa renuncia a encontrar la verdad, paradójicamente deja el terreno aún más libre para que la propaganda más extrema imponga sus relatos a quien esté dispuesto a escucharlos. En la era de la duda, quien habla con voz firme y seguridad —aunque mienta— parece tener más razón que quien balbucea matices. No sorprende así que teorías conspirativas que antaño habitaban los márgenes —desde las fantasías esotéricas de QAnon hasta los mitos antivacunas durante la pandemia— hayan conseguido millones de adeptos al calor de este ecosistema, en el que las ideas extravagantes se convierten en banderas fervientes cuando encuentran amplificación constante y audiencias dispuestas a creerlas.
El dilema democrático: libertad o verdad Ante este panorama, las democracias encaran un dilema aparentemente irresoluble. Su fortaleza histórica ha residido en el debate abierto, pero esa misma apertura se ha convertido en una vulnerabilidad explotada por la manipulación. Las libertades que permiten la crítica, la sátira y la diversidad de opiniones son las que, a su vez, facilitan la infiltración de la mentira premeditada en el discurso público. Si los gobiernos liberales reaccionan restringiendo drásticamente la expresión para frenar la desinformación, corren el riesgo de traicionar sus propios principios fundacionales. Por muy tentador que resulte instaurar un «Ministerio de la Verdad» que censure la información nociva, ese camino autoritario terminaría destruyendo la esencia misma de lo que se quiere proteger; pero si no hacen nada, la erosión informativa puede conducir a la autodestrucción de la confianza pública. La única salida verdaderamente sostenible es fortalecer de nuevo las capacidades críticas de la sociedad. Esto implica educar y formar ciudadanos capaces de reconocer la manipulación sin caer en la tentación de la censura, dudar sanamente sin resignarse al relativismo absoluto y escuchar al otro sin renunciar a su propio juicio.
Reconstruir la confianza: Políticas públicas y cooperación internacional Esa reconstrucción es tanto cultural como institucional. Supone, por un lado, implementar políticas públicas ambiciosas de alfabetización mediática y digital para dotar a las nuevas generaciones (y a las ya adultas) de herramientas que les permitan navegar críticamente el torrente informativo en línea. Supone también exigir transparencia algorítmica a las grandes plataformas —que revelen cómo deciden qué contenido vemos, tal como ha empezado a exigirlo la Unión Europea— y fomentar la cooperación internacional entre democracias para detectar y frenar las redes transnacionales de desinformación. Asimismo, han proliferado en los últimos años iniciativas de la sociedad civil dedicadas a la verificación de datos (fact-checking) y el monitoreo de noticias falsas, desde consorcios periodísticos internacionales hasta observatorios ciudadanos que alertan sobre bulos en tiempo real. Si bien estas iniciativas son valiosas, por sí solas no lograrán contrarrestar un problema de tal magnitud sin un respaldo institucional y una ciudadanía crítica más amplia. Además de estas medidas estructurales, es imprescindible una renovación ética del lenguaje y de la información. La democracia no podrá sobrevivir si el discurso público se degrada hasta reducirse a un intercambio de consignas vacías o falsedades emotivas. Se necesita recuperar la palabra como vehículo de verdad, de razonamiento compartido y de deliberación genuina. Que el debate político vuelva a girar en torno a argumentos y evidencias, y no solo a narrativas identitarias e insultos, es en sí mismo una forma de resistencia frente a la ingeniería comunicacional que convierte las emociones en armas. En última instancia, todos los actores —desde gobernantes y medios hasta usuarios de a pie— deben asumir un compromiso ético con la honestidad informativa, rehuyendo La democracia no podrá sobrevivir si el discurso público se degrada hasta reducirse a un intercambio de consignas vacías o falsedades emotivas. la tentación de propagar desinformación incluso cuando parezca servir a sus fines inmediatos. La propaganda iliberal, en efecto, se nutre del desencanto ciudadano. Se presenta ante los frustrados y desencantados como una voz auténticamente disidente frente a un supuesto orden liberal occidental decadente, corrupto o hipócrita. A quienes se sienten marginados o ignorados por el debate global dominante, les ofrece no necesariamente justicia, pero sí un sentimiento de pertenencia, de ser parte de una causa que desafía al statu quo. Ahí radica gran parte de su atractivo, al brindar un refugio identitario a los descontentos, más que soluciones reales a los problemas. Comprender este componente emocional es crucial para contrarrestarlo. Las respuestas puramente racionales o técnicas —por necesarias que sean en términos de políticas públicas— resultan insuficientes si no van acompañadas de un esfuerzo por reconstruir un sentido colectivo de comunidad y propósito. La defensa de la democracia no es solo cuestión de diseñar mejores normas o instituciones, sino también de recobrar la imaginación moral y la capacidad de inspirar a la sociedad con visiones de futuro inclusivas y significativas, de volver a ilusionar a la ciudadanía con los valores democráticos. Ante la sofisticación creciente de estas estrategias autoritarias, la cooperación activa entre las democracias se vuelve indispensable. Ningún país, por poderoso que sea, puede enfrentar en solitario el desafío de la desinformación global y las campañas de manipulación transnacionales. Es imperativo construir marcos comunes que vayan desde acuerdos para la transparencia digital y la regulación coordinada de las plataformas hasta el intercambio ágil de información sobre campañas de desinformación detectadas y la defensa conjunta del pluralismo mediático en cada región. Todos estos esfuerzos forman parte de una misma agenda estratégica para preservar un espacio público mundial basado en hechos verificables y debate honesto. América Latina, con democracias todavía en consolidación en muchos países, tampoco es ajena a esta disputa informativa. Las campañas globales de desinformación se entrelazan con las fracturas políticas locales, exacerbando polarizaciones y poniendo a prueba la resiliencia de sus instituciones. Por ello, la solidaridad internacional y el aprendizaje mutuo entre las naciones libres resultan cruciales para salvaguardar la verdad y la estabilidad democrática en todos los rincones, incluida la región latinoamericana. Así como la democracia se erigió históricamente sobre principios como la separación de poderes para evitar tiranías, hoy debe ampliarse ese horizonte hacia una especie de separación entre la verdad y la mentira en la esfera pública, es decir, hacia la instauración de límites claros que impidan que la manipulación impune suplante a la información veraz en el debate público.
Pensar con calma: La resistencia ética frente al ruido digital En definitiva, el reto para las sociedades abiertas no es eliminar el conflicto ni las diferencias —pues el disenso es inherente a la democracia—, sino impedir que la mentira sea quien administre esos conflictos. Las democracias deben reaprender a convivir con el desacuerdo sin que este degenere automáticamente en hostilidad irreconciliable. La pluralidad de visiones, lejos de ser una debilidad, constituye de hecho la principal defensa frente a la uniformidad autoritaria: de la diversidad nace la innovación y la corrección de errores. Pero, para que esa pluralidad sea sostenible en el tiempo, requiere un marco mínimo de confianza compartida. Los desacuerdos pueden ser productivos solo si todas las partes operan al menos con algunos hechos comunes y con la buena fe de escuchar; sin ese sustrato de confianza básica, la saludable libertad de expresión degenera en un ruido ensordecedor. Sin veracidad, la participación política se degrada en mero espectáculo vacío. El desorden informativo contemporáneo hace imprescindible articular una auténtica política de la verdad. Esto no implica instaurar una verdad oficial impuesta desde el poder —lo que traicionaría la esencia plural de la democracia—, sino forjar un compromiso colectivo en torno a la honestidad factual. La verdad en democracia nunca será absoluta ni monolítica, pero sí es insustituible porque constituye el horizonte común que permite a los ciudadanos deliberar sobre sus diferencias partiendo de una base real compartida. Si renunciamos a buscar esa verdad aproximada y consensual, entregamos el terreno a aquellos que hacen de la confusión calculada su herramienta de poder. En ese sentido profundo, la defensa de la democracia comienza por la defensa del sentido y de la capacidad de nuestras sociedades para distinguir lo verdadero de lo falso, lo relevante de lo trivial, para volver a ponerse de acuerdo sobre hechos básicos incluso cuando discrepen en las opiniones. El porvenir de las sociedades abiertas dependerá, en buena medida, de su capacidad para combinar la libertad con la lucidez. La tecnología digital no es enemiga de la democracia en esencia, pero sí actúa como amplificador de sus contradicciones y fallas si no se encauza de forma correcta. La inteligencia artificial, en particular, ha puesto en evidencia la urgencia de gobernar el conocimiento con los mismos principios con que históricamente se ha gobernado el poder político. Es decir, establecer pesos y contrapesos, reglas claras y responsabilidad pública también en la esfera informativa. Si la información es el nuevo territorio donde se dirimen las disputas de poder, su administración no puede quedar librada al arbitrio exclusivo de intereses privados —empresas tecnológicas guiadas por el lucro— ni de Estados autoritarios que operan sin transparencia. Hace falta reafirmar que el ecosistema informativo es un bien común, y como tal debe estar sometido a principios democráticos de transparencia, rendición de cuentas y respeto a los derechos fundamentales. La fragilidad democrática es, al mismo tiempo, una advertencia y una oportunidad. Advierte sobre la vulnerabilidad de los sistemas abiertos ante la manipulación, pero también recuerda que la democracia siempre ha sido una construcción inacabada. Su fortaleza no ha residido en una pureza intachable, sino en su capacidad de corregirse y reformarse constantemente ante los desafíos. De hecho, no es la primera vez que una revolución comunicacional sacude los cimientos del orden en el siglo XX también produjeron periodos de confusión informativa y propaganda exacerbada, a los que con el tiempo se respondió mediante nuevas instituciones, normas y prácticas sociales que restablecieron cierto equilibrio en el debate público. Hoy, esa labor de corrección pasa por la comprensión profunda del entorno digital, por la regulación ética de la inteligencia artificial y por la recuperación del juicio crítico como virtud cívica. En la era del algoritmo omnipresente, pensar con calma se ha vuelto, efectivamente, un acto de resistencia. En un mercado informativo que bombardea los sentidos buscando capturar cada segundo de nuestra atención, el simple hecho de dedicar tiempo a la reflexión serena y al diálogo genuino se convierte en un gesto contracultural, casi revolucionario. La atención consciente, el tiempo libre de distracciones y la palabra honesta son ahora bienes escasos en el espacio público. Preservarlos frente a la lógica de la saturación y la aceleración constante es una tarea política de primer orden. Defender la democracia no significa solo proteger las instituciones, sino también los hábitos mentales que la hacen posible: la duda razonada que cuestiona, la empatía que escucha al otro, la paciencia para entender contextos y la memoria histórica que evita repetir errores. Chile enfrenta desafíos particularmente complejos en el nuevo entorno informativo: una ciudadanía altamente conectada, pero expuesta a flujos de información crecientemente fragmentados y polarizantes; una esfera pública donde conviven deliberación democrática y manipulación algorítmica, y un ecosistema digital en el que proliferan discursos de odio, desinformación electoral y campañas coordinadas de intoxicación informativa. La transición política constante, la desconfianza institucional acumulada y los procesos de deliberación constitucional han creado un terreno fértil para la instrumentalización de las emociones y la confusión deliberada. En este contexto, la inteligencia artificial, lejos de ser una solución neutral, actúa como un amplificador de los sesgos existentes y fuerza a los actores democráticos a redefinir sus herramientas de respuesta. A nivel regional, América Latina comparte muchas de estas tensiones, además de una baja alfabetización digital en amplios sectores de la población, alta penetración de redes sociales con escasa regulación, concentración mediática y una creciente presencia de actores internacionales que disputan el sentido común desde el exterior. Frente a ello, la región necesita fortalecer urgentemente sus capacidades institucionales, promover una cultura cívica crítica e informada, y articular marcos cooperativos que resguarden el pluralismo, la transparencia y la integridad del espacio público digital. El futuro democrático dependerá, en gran medida, de que las sociedades latinoamericanas gobiernen la tecnología sin renunciar a la libertad y protejan la verdad sin sacrificar la pluralidad. En última instancia, la batalla contemporánea por la democracia es una batalla por el sentido. Los regímenes autoritarios lo tienen muy claro y actúan en consecuencia, inundando el mundo con sus relatos interesados. Las democracias, en cambio, deben recordarlo y asumirlo: solo quienes conservan la capacidad de dar significado verdadero a los acontecimientos —de articular narrativas honestas y con sentido humano— podrán resistir la manipulación. En un mundo hipercomunicado, donde todo se emite y se comparte al instante, quizás lo más revolucionario sea, sencillamente, volver a decir la verdad.
❦ Trabajaron en la edición y composición de este libro Isidora D. Raby y Marco Antonio Coloma. Esta primera edición de quinientos ejemplares salió de los talleres de Fyrma Gráfica. Santiago, mayo de 2026.